Una alumna vivió bullying en el colegio, y sus padres lo denunciaron: qué resolvió la Justicia

En medio del debate que se intenta dar para ver la posibilidad de poner cámaras en las aulas y cuidar de otra manera al alumnado, se conoció un tema de acoso escolar en el que intervino un juzgado de Paz de la región atlántica. Luego de analizar el caso, resolvió imponer medidas cautelares en un caso que involucra a dos adolescentes.

La denuncia fue presentada por el padre de una de las alumnas, quien acusó a otra adolescente de hostigamiento y violencia física a la salida de la escuela. Las partes fueron convocadas a una audiencia privada, donde se conversó sobre la situación y el alcance de la Ley 5532, que establece pautas para la prevención y resolución de conflictos en el ámbito educativo.

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Intervino el Poder Judicial de la Primera Circunscripción, y más allá de que no se resaltaron datos concretos para resguardar a las menores, se ordenó que ambas adolescentes y sus familias se abstengan de cualquier tipo de contacto, incluyendo comunicación directa, telefónica o a través de redes sociales.

Además, se dispuso que los padres o tutores de las menores involucradas tomen las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de encuentro fortuito entre ellas en lugares públicos o privados. En caso de coincidir en un mismo lugar, se indicó que deberán retirarse o alejarse para evitar posibles confrontaciones.

También se dio intervención al colegio donde ambas adolescentes asisten, con el objetivo de garantizar un ambiente escolar libre de violencia física y psicológica. Se instruyó a las autoridades educativas para que elaboren o revisen las normas de convivencia y promuevan la creación de equipos especializados en la prevención e intervención en situaciones de violencia escolar.

Las medidas cautelares tendrán una vigencia de 90 días. Durante este período, se vigilará el cumplimiento estricto de las restricciones impuestas, y en caso de incumplimiento, se aplicarán sanciones que podrían incluir desde amonestaciones hasta arresto, de acuerdo con lo establecido en la Ley 5592.