Esta mañana pasaron por tribunales tres personas imputadas por negociaciones incompatibles con la administración pública.

Se trata de Elba Edith Ostertag, Marcela Andrea Charrasco y Rodrigo Agustín Chicaval.

La fiscal Yanina Estela Passarelli relató que entre el período comprendido entre marzo de 2019 y mayo de 2022, Ostertag en su carácter de directora contable y subsecretaria de Coordinación Regional y Charrasco como empleada de la misma área del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, pergeñaron un modus operandi en beneficio propio y de un tercero, que es Chicaval, hijo de Carrasco.

En este sentido, mencionó que hubo una contratación directa del servicio de transporte escolar para la localidad de San Carlos de Bariloche. En este tiempo mencionado, se autorizó un contrato directo a Chicaval en seis oportunidades.

Todo este procedimiento violó la norma de incompatilidad por el vínculo entre Carrasco y Chicaval, previsto por el Artículo 19 de la Ley Provincial L3550, de ética e idoneidad de la Función Pública.

La representante del Ministerio Público citó al menos tres casos donde al Estado les convenía las licitaciones a otros oferentes, pero llamativamente siempre beneficiaban a la empresa familiar.

A título ilustrativo, las estimaciones de precios presentadas por Chicaval se incrementaron sustancialmente en porcentajes que oscilaron entre el 14,52% y el 62,97%.

Como sustento de la formulación de cargos, se cuenta con la denuncia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y todo el papeleo correspondiente, entrevistas testimoniales de actores involucrados y un informe contable de más de 100 páginas

El juez de Garantías Juan Martín Brussino Kain dio por formulados los cargos y se avanzará con la investigación judicial.