Evalúan salir de la emergencia habitacional en 2027: ¿qué cambió en el acceso a la tierra?

La Municipalidad de Viedma evalúa la posibilidad de dejar atrás la emergencia habitacional a partir de 2027, en un escenario marcado por la expansión urbana hacia el sector sur de la ciudad, la incorporación de nuevas superficies al desarrollo urbanístico y la puesta en marcha de proyectos públicos, privados y de organizaciones intermedias destinados a generar lotes.

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La eventual salida del régimen de emergencia abre un interrogante sobre la evolución de la política de acceso a la tierra implementada durante los últimos años: qué resultados produjo, cuánto se amplió la disponibilidad de terrenos y cuáles son las condiciones necesarias para avanzar hacia una nueva etapa. 

Al referirse al proceso, el intendente Marcos Castro destacó la magnitud de la superficie incorporada al desarrollo urbano, tanto por el crecimiento del Distrito Sur como por las tierras obtenidas mediante gestiones ante el Estado nacional. 

En su evaluación, las herramientas municipales permitieron generar un equilibrio entre quienes necesitaban terrenos y los propietarios que disponían de suelo, lo que favoreció un desarrollo que definió como "muy armónico".

Uno de los principales cambios se observa en el Distrito Vecinal Sur, donde confluyen distintos proyectos de urbanización y obras de infraestructura que acompañan el crecimiento de la ciudad. La incorporación de tierras que pertenecían al Estado nacional, los desarrollos privados y los loteos impulsados por organizaciones gremiales forman parte de ese proceso.

El escenario actual contrasta con el que dio origen a las herramientas municipales aprobadas en 2020, cuando la falta de terrenos accesibles para las familias constituía uno de los principales problemas de la política habitacional.

Una política que combinó tierras públicas y desarrollos privados
La declaración de emergencia habitacional y las ordenanzas complementarias sancionadas en noviembre de 2020 establecieron herramientas para ampliar la disponibilidad de suelo urbano. Entre ellas se encuentran el Banco Municipal de Tierras, la creación del Distrito Vecinal Sur y los mecanismos para articular la intervención pública con los propietarios y desarrolladores privados.

El esquema buscó generar condiciones para que avanzaran nuevos loteos y, al mismo tiempo, obtener terrenos destinados a políticas sociales. Según los fundamentos de una modificación normativa aprobada en 2024, hasta ese momento el municipio había incorporado más de 800 lotes a su patrimonio. Sin embargo, el mismo documento advertía que la mayoría carecía de servicios básicos domiciliarios.

Ese diagnóstico puso en evidencia que la generación de suelo no resolvía por sí sola el problema habitacional. La disponibilidad de terrenos debía complementarse con inversiones en agua, electricidad, alumbrado, apertura de calles y otras obras necesarias para consolidar las urbanizaciones.

En ese contexto, la Ordenanza 9067, aprobada en junio de 2024, modificó el régimen de convenios urbanísticos. La normativa mantuvo la posibilidad de que los propietarios cedieran hasta el 20% de los lotes puros al Banco Municipal de Tierras, pero también habilitó al municipio a requerir obras de infraestructura en el Distrito Sur y eximir al privado de esa entrega, siempre que se acreditara la equivalencia patrimonial entre ambas prestaciones.

El cambio incorporó una alternativa para avanzar con la urbanización de los terrenos públicos y generar servicios que beneficien a diferentes sectores del distrito.

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El Distrito Sur concentra nuevos proyectos
La expansión de esa zona se refleja en diferentes iniciativas que comenzaron a tomar forma durante 2026.

En abril, el Concejo Deliberante aprobó la zonificación de casi 24 hectáreas que pertenecían al Servicio Penitenciario Federal, correspondientes al predio de la ex Unidad 12. La medida permitió incorporar esa superficie al esquema urbano y avanzar con un proyecto que contempla al menos 500 lotes en una primera etapa, dentro de una planificación más amplia que proyecta entre 5.000 y 5.500 parcelas para el Distrito Sur.

A ese proceso se suman los desarrollos vinculados con organizaciones gremiales. La Confederación General del Trabajo (CGT) informó sobre un esquema de 746 lotes destinados a trabajadores, distribuidos entre el loteo Rucci, con 346 parcelas, y otro desarrollo cercano al predio penitenciario, con 400. La ejecución de obras de infraestructura continúa siendo una condición para avanzar con la construcción de viviendas.

También se proyectó un desarrollo privado de 265 parcelas mediante un convenio con el municipio y el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV). De ese total, 130 lotes fueron destinados a una nueva inscripción del programa provincial Suelo Urbano, 125 quedaron para el propietario y 10 correspondieron al municipio.

Los proyectos muestran la diversidad de mecanismos que intervienen en la generación de suelo. No obstante, las cifras corresponden a iniciativas con diferentes grados de avance y no deben sumarse como si todos los terrenos estuvieran urbanizados, disponibles o adjudicados en las mismas condiciones.

Las obras de infraestructura, otro componente de la expansión
El crecimiento del sector también está acompañado por intervenciones viales. Durante octubre de 2026, la Provincia avanzó con contratos para refuncionalizar las rutas provinciales 1 y 51, en una zona estratégica para la conexión con el Distrito Sur y otros sectores de la ciudad.

La infraestructura vial se suma a los proyectos de provisión de servicios y a la planificación de nuevos espacios urbanos, entre ellos el futuro Parque Sur.

Estas intervenciones forman parte de una transformación territorial que puede ampliar las posibilidades de desarrollo inmobiliario y facilitar la integración de nuevas urbanizaciones con el resto de Vie

La posibilidad de una nueva etapa

La eventual salida de la emergencia habitacional en 2027 se plantea en ese contexto de expansión urbana y diversificación de los mecanismos para generar suelo.

La decisión requerirá determinar qué instrumentos creados durante los últimos años dependen de la declaración de emergencia y cuáles pueden continuar aplicándose mediante las normas urbanísticas ordinarias. La continuidad del Banco Municipal de Tierras y de los convenios urbanísticos, por ejemplo, debe analizarse a partir de sus respectivas disposiciones y no solamente de la vigencia de la emergencia.

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También será relevante conocer qué balance realiza el municipio sobre los terrenos incorporados, las adjudicaciones concretadas y las obras pendientes. La cantidad de lotes generados constituye un indicador importante, pero su impacto social depende asimismo de que las familias puedan acceder a parcelas con condiciones adecuadas para construir sus viviendas.