En las últimas décadas, es visible una tendencia que marca a las ciudades contemporáneas y es definida por los especialistas con el nombre de “inquilinización”. Esto es, una realidad marcada por la disminución del número de propietarios de inmuebles y el crecimiento de la cantidad inquilinos, configurando un escenario de marcada concentración de la propiedad.

En este contexto, la principal forma de acceso a la tierra y la vivienda para las mayorías sociales es a través del alquiler (formal) o la “toma de tierras” (informal). En la nueva estratificación/configuración de la clase trabajadora, esta última opción es reservada para los sectores sociales más desprotegidos. Y es que el 75% de la población de nuestro continente vive en ciudades, y al menos uno de cada cuatro ciudadanos ha accedido a la tierra urbana y/o a la vivienda a través de procesos informales. De ser inquilino a ser ocupante, hay una fina frontera que amenaza con quebrarse en cada crisis.

Según datos de la Unión de Inquilinos Rionegrinos (UIR), en la provincia existen 146.000 familias que alquilan una vivienda; mientras que en todo el país llegan a ser 9 millones de personas . En Río Negro, un promedio del 77,4% de los inquilinos/as destinan entre el 30% y el 80% de su ingreso al pago del alquiler. Así, según la encuesta de UIR que se renueva bimensualmente, el 40,3% de los inquilinos no puede pagar el alquiler completo, lo cual genera deudas acumulativas que compromete la continuidad del vínculo con el propietario.

Esta situación de crisis estructural de los alquileres, se acentuó hasta límites insoportables para los inquilinos e inquilinas (especialmente) en el contexto de la pandemia y la cuarentena por el COVID-19. La no renovación por parte del Gobierno nacional del decreto 320 del 2020 que estableció la última prórroga de la norma que impide los desalojos y congela el precio de los alquileres, provocó una situación de profunda gravedad social en importantes sectores de la población. Hoy, en un contexto de desregulación o regulaciones mínimas , el ajuste dirigido a las clases medias y populares agudiza el escenario.

El alquiler, se constituye bajo este régimen de acumulación, en una forma depredatoria, una desposesión (privatización y financierización) confiscatoria de las energías vitales (trabajo vivo) que confirma la centralidad de las fuerzas productivas de la clase trabajadora en la creación de la renta en general y de la inmobiliaria en particular.

Concluimos con la explicación de Roberto Diaz, referente de la UIR: “¿De dónde sale la renta del alquiler?. Del sueldo del trabajador. Por eso, lo que se discute es como se distribuye la riqueza en Argentina. Con esa relación que establece el mercado el trabajador nunca va a ser propietario, con lo que eso significa en términos de proyecto y futuro”.

(*): Lic en Ciencias Políticas egresado del CURZA-UNCo (Centro Universitario Zona Atlántica). Kessler gráfica la disminución de propietarios en las últimas cuatro décadas: en 1980 (eran el 71,4%) en 2001 (el 70,64%) y en 2010 (el 67,7%). En este tiempo, aumentaron los inquilinos: del 11% en 2001 al 16% en 2010). (2014, 174). Bajo la vigencia del DNU de Milei se permite la apertura total a la dolarización de los contratos, mientras que los plazos y ajustes del valor serán acordados entre las “partes”.