La empresa de cobranzas Siglo XXI cerró sus puertas hace un año, pero aún están abiertas varias puertas de conflictos. 

El abogado Luciano Perdriel informó a Radio Noticias que se fueron con varias estafas en su haber. 

El letrado dijo ante los micrófonos de Toca Madera, por FM 105.5, que EdERSA y la firma dueña de las terminales de Pago Fácil son dos perjudicadas que están bajo su representación. A éstas se le suma Aguas Rionegrinas, que tiene abogados del Estado.

En tal sentido, detalló: "Empezamos a presentar pruebas, pericias y profundizamos sobre ciertos aspectos de las maniobras y nos dimos cuenta de que había unos montos importantes de dinero que eran de lo que habían defraudado a nuestros clientes.

Ahora ya estamos avanzando a lo que es la audiencia indagatoria de las personas responsables, lo que sería la audiencia de formulación de cargos".

Están como imputados Leticia Gloria Aliberti y Luis Horacio Ferrarino, aunque el caso puede extenderse a más nombres. 

Perdriel precisó: "Todo esto nos requirió un trabajo muy complejo por la cantidad de operaciones y cantidad de dinero involucrado, de operaciones que se realizaban diariamente en Siglo XXI. Tenemos el convencimiento de que a raíz de la movilización de esta causa, van a sumarse muchas personas. Hay que tener en cuenta que Siglo XXI no solo le cobraba a Aguas Rionegrinas, Edersa y el Pago Fácil, también estamos hablando de empresas conocidas en nuestra ciudad como Supercanal, Agilnet, tarjeta Naranja...quiero decir que existen una multiplicidad de actores que por la maniobra fraudulenta efectuada se han visto perjudicados".

Y aclaró: "Acá no nos encontramos con que de repente Siglo XXI cerró sus puertas y no pudo cumplir con las obligaciones que había asumido. Acá estamos hablando de una maniobra clara que tuvo como intención beneficiar económicamente a su participante, que se encargó de cobrar muchísimo dinero, bajar la persiana y desaparecer. Esto es un típico caso de defraudación por administración infiel. Acá hay dos instancias que son una civil y otra penal".

"Nosotros, como querellantes, estamos impulsando el proceso con la finalidad de llegar a un juicio para luego llegar a una condena. Hoy no descartamos que todo esto pueda llegar a tener un modo de terminación anormal, pero la intención es llevarlo a juicio, hasta las últimas consecuencias por los montos que han provocado un gran daño en el cliente. En números redondos estamos hablando de más de 150 millones de pesos, solo en el caso de nuestros clientes", añadió.

Por último, apuntó: "Las personas condenadas no irían presas, al menos en principio. Esto puede cambiar porque van a existir varias causas y que esto lleve a que sean condenados en forma sucesiva en distintas causas y esto, por la acumulación de condenas, pudiera generar una condena de cumplimento efectivo".