Investigan a farmacias roquenses por una presunta estafa millonaria

El Ministerio Público Fiscal rionegrino avanza con una investigación que busca determinar la responsabilidad de varias farmacias roquenses en una estafa millonaria contra la obra social provincial Ipross.

Aunque por el momento hay mucho hermetismo respecto a las pruebas de las maniobras ilegales, trascendió que serían cuatro las farmacias implicadas en el hecho.

La denuncia alcanzaría, además de los respectivos profesionales farmacéuticos, a un abogado y a un contador público.

El ilícito fue denunciado por el propio Colegio de Farmacéuticos de Río Negro por presuntas facturas truchas y el Ipross confirmó la investigación, al tiempo que también aportó documentación para investigar la presunta defraudación.

Desde la obra social provincial aclararon que “el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Río Negro data del año 2010 y en su cláusula quinta dispone que la administración del sistema es facultad del Colegio, con las consecuentes responsabilidades que genere la gestión irregular de esa potestad”.

La documentación presentada servirá para determinar si hubo adulteración de facturas.

“Hasta las últimas consecuencias”

IPROSS puso toda su estructura a disposición de la Justicia en la investigación de la presunta defraudación por parte de algunos integrantes del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro a través de la supuesta adulteración de facturas.

Precisaron en ese orden: “Es objetivo del Gobierno Provincial que se llegue hasta las últimas consecuencias en la determinación de las responsabilidades de este hecho del cual la obra social es víctima. De comprobarse la maniobra fraudulenta con un perjuicio económico hacia la obra social, ésta accionará penalmente contra los responsables”.

Asimismo, indicaron: “La denunciada presunta adulteración o falsificación de las recetas escapa al ámbito de control de la obra social, constituye un delito de acción pública propio del Colegio de Farmacéuticos, y coloca al IPROSS en carácter de víctima del delito denunciado”.

Sin perjuicio de ello, dijeron que las autoridades del Instituto quedan a la voluntad de la Fiscalía para colaborar en todos aquellos actos que posibiliten determinar las responsabilidades penales del caso.

En caso de confirmarse el presunto perjuicio económico, se iniciarán las acciones tendientes a perseguir la recuperación del dinero robado.