Viedma: imputaron a una mujer por un choque donde un motociclista sufrió lesiones graves

La Justicia de Viedma formalizó este viernes una investigación contra una mujer de 49 años por un siniestro vial ocurrido en enero, en el que un motociclista sufrió lesiones graves. La audiencia tuvo un condimento particular: antes de que la Fiscalía expusiera la acusación, la defensa pidió que se restringiera la difusión de los datos personales y la imagen de la imputada.

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La jueza de garantías Georgina Amaro Piccinini hizo lugar al planteo y quedó prohibida la publicación de los datos personales y la imagen de la mujer.

Según la acusación presentada por la fiscal Yanina Estela Passarelli, el hecho ocurrió el 12 de enero de 2026, alrededor de las 9.55, cuando la mujer circulaba en un vehículo Renault Duster por la calle Tucumán, en sentido noroeste-sureste.

Al llegar a la intersección con Mitre, de acuerdo con la hipótesis fiscal, no habría respetado la prioridad de paso de una motocicleta Zanella, que circulaba por Mitre y se aproximaba desde su derecha. La camioneta impactó contra el lateral izquierdo de la moto, conducida por un motociclista que acabó con la peor parte.

Como consecuencia del choque, el hombre sufrió una fractura del platillo tibial izquierdo y heridas cortantes en los dedos mayor y anular de la mano derecha, lesiones que fueron calificadas como graves debido al tiempo estimado de recuperación e inutilidad laboral superior a los 30 días.

La Fiscalía encuadró provisoriamente el hecho como lesiones graves culposas agravadas por la conducción antirreglamentaria de un vehículo con motor, en carácter de autora.

Qué pruebas presentó la Fiscalía

Para sostener la imputación, el Ministerio Público Fiscal enumeró distintos elementos incorporados a la investigación. Entre ellos se encuentran el procedimiento realizado por personal de la Comisaría Primera de Viedma, el certificado médico de la víctima, documentación sobre el estado de los vehículos, informes de peritos y mecánicos, la historia clínica del motociclista, fotografías y actuaciones del Gabinete de Criminalística y los registros de llamadas al 911.

También fue incorporada una pericia accidentológica realizada por la jefa del Gabinete de Criminalística, que analiza la mecánica del siniestro y sostiene la hipótesis fiscal respecto de la prioridad de paso que tenía la motocicleta.

Con estos elementos, la Fiscalía solicitó que se formalizara la investigación preparatoria y pidió un plazo de cuatro meses para avanzar con las medidas pendientes. La defensora Carolina Llano no cuestionó la apertura de la investigación ni el plazo solicitado y anticipó que ya están conversando sobre una posible salida alternativa al juicio oral.

La pelea por los datos personales

Antes de la acusación, la defensa había planteado una cuestión previa. Llano pidió que no se difundieran el nombre, domicilio ni la imagen de la imputada, argumentando que se trata de una investigación en una etapa inicial y que su defendida conserva el estado de inocencia.

Además, sostuvo que la difusión de esos datos podía afectar su vida privada y la de su familia. También señaló que la mujer no registra antecedentes penales y que el proceso ya había generado repercusiones personales.

La Fiscalía se opuso. La representante del Ministerio Público sostuvo que la regla general es la publicidad de las audiencias y que las restricciones constituyen excepciones que deben estar debidamente fundamentadas.

La jueza Amaro Piccinini tuvo que ponderar, entonces, distintos derechos: por un lado, la presunción de inocencia, el honor, la intimidad y la dignidad de la imputada; por otro, la libertad de prensa y expresión y el principio de publicidad de los actos judiciales.

Finalmente, Amaro Piccinini encontró un punto intermedio: la audiencia siguió siendo pública, pero se limitó la difusión de los datos personales y la imagen de la mujer.

Con la formulación de cargos, la jueza dio por iniciada formalmente la investigación preparatoria durante cuatro meses. La imputada deberá mantener actualizado su domicilio durante todo el proceso y comunicar cualquier modificación a su defensora.