La última esperanza de Julieta Vinaya y una causa que terminó sin respuestas
El 15 de junio de 2008, Atahualpa Martínez Vinaya, de 18 años, fue asesinado en Viedma. Su cuerpo apareció en un camino de tierra, en las afueras de la ciudad, con un disparo en la espalda.
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Desde entonces, su familia comenzó una búsqueda de respuestas que se extendió durante años y que estuvo marcada por reclamos públicos, cuestionamientos a la investigación y procesos judiciales que no lograron determinar quiénes fueron los responsables.
Julieta Vinaya convirtió esa búsqueda en el centro de su vida. Durante diez años recorrió tribunales, participó de movilizaciones y reclamó ante las autoridades judiciales y políticas. Su presencia en las calles y sus denuncias sobre el desarrollo de la causa hicieron que el reclamo trascendiera el ámbito familiar y se instalara en la agenda pública de Río Negro.
El 28 de octubre de 2018, Julieta murió sin conocer la verdad sobre el asesinato de su hijo. Su fallecimiento provocó expresiones de dolor y reconocimiento, pero también renovó los cuestionamientos por la falta de respuestas judiciales. Ocho años después, su historia vuelve a poner en primer plano una pregunta que atravesó su lucha: por qué, después de tantos años de investigación, el crimen de Atahualpa continúa sin condenas.
Una esperanza que no llegó a concretarse
En abril de 2016, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro había anulado la sentencia absolutoria dictada en el primer proceso y ordenado que la causa continuara con una integración diferente del tribunal.
La decisión había abierto una nueva posibilidad para la familia. El fiscal de Cámara Fabricio Brogna había cuestionado las absoluciones y recurrido el fallo. La expectativa era que un nuevo debate permitiera revisar las pruebas y avanzar hacia el esclarecimiento del homicidio.
El segundo juicio se realizó en 2019 y volvió a terminar con absoluciones. Felipe Carrasco y Carlos Morales Toledo fueron absueltos nuevamente, mientras que Belén Fernández Barrientos no llegó a ese debate con una acusación fiscal en su contra. La resolución judicial tampoco permitió establecer quién había asesinado a Atahualpa.
Sin embargo, el proceso dejó abierta otra línea de investigación. El tribunal dispuso remitir actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que analizara la posible participación de Leandro Mildenberger, una persona mencionada durante el debate por distintos testimonios. La decisión no implicó una declaración de responsabilidad penal, sino la indicación de investigar esa hipótesis.
La investigación posterior tampoco llegó a una acusación. En 2021, las actuaciones fueron archivadas ante la falta de elementos suficientes para avanzar. Dos años más tarde, en abril de 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el último recurso presentado por el fiscal y quedó cerrado el camino judicial de la causa principal.
Los cuestionamientos a la investigación
El resultado judicial no puede separarse de las críticas que recibió la investigación desde sus primeras etapas. La Comisión Legislativa creada para revisar el caso señaló deficiencias en el trabajo de los organismos intervinientes. También hubo actuaciones ante el Consejo de la Magistratura por el desempeño de funcionarios judiciales.
Entre los aspectos cuestionados se encontraron procedimientos de recolección de pruebas y pericias que no pudieron concretarse o cuyos resultados no permitieron sostener las acusaciones en los juicios. El paso del tiempo y la pérdida de oportunidades para producir determinadas pruebas condicionaron las posibilidades de avanzar en el esclarecimiento del crimen.
La familia de Atahualpa sostuvo durante años que las irregularidades de la investigación habían impedido llegar a la verdad. Julieta llevó esos cuestionamientos a distintos ámbitos y reclamó que se revisara el accionar de quienes habían tenido responsabilidades en la causa.
Las denuncias y sospechas planteadas durante la investigación alimentaron interrogantes sobre el contexto en el que ocurrió el crimen y sobre la actuación de las instituciones. Sin embargo, esas hipótesis deben distinguirse de los hechos acreditados judicialmente: no hubo una condena que determinara quién mató a Atahualpa ni una resolución judicial que estableciera la existencia de una interferencia política como causa probada de la falta de esclarecimiento.
Una lucha que trascendió el reclamo por su hijo
La historia de Julieta no se limitó a las puertas de los tribunales. Su participación en otros reclamos sociales mostró una dimensión de su compromiso que excedía la búsqueda de justicia por Atahualpa.
En junio de 2013, por ejemplo, acompañó la huelga de hambre de Gualberto Solano, padre de Daniel Solano, el joven desaparecido en el Valle Medio. La solidaridad con otras familias atravesadas por la falta de respuestas judiciales formó parte de su recorrido público.
Su lucha también llegó a ámbitos políticos nacionales y generó expresiones de apoyo de personas y organizaciones que acompañaron el reclamo. En Viedma, su figura quedó asociada a las movilizaciones por el esclarecimiento del asesinato y a las críticas sobre el funcionamiento de las instituciones responsables de investigar.
En marzo de 2024, el Concejo Deliberante de Viedma la declaró Ciudadana Ilustre post mortem, una distinción que recuperó su trayectoria y el significado público de su lucha.
Ocho años después de su muerte, Julieta Vinaya permanece ligada a una causa que no obtuvo una respuesta judicial definitiva sobre la identidad de los responsables del asesinato de su hijo. La esperanza que había depositado en un nuevo juicio no se concretó, y la investigación que surgió de aquel proceso tampoco logró avanzar.
Atahualpa tenía 18 años cuando lo mataron. Julieta dedicó una década a reclamar justicia y murió sin saber quién lo había asesinado. La causa llegó a su cierre judicial sin condenas, mientras la pregunta que movilizó a su madre continúa abierta para quienes mantienen vivo el reclamo.