Se aprobó la creación de ocho defensores coordinadores para fortalecer el servicio de Justicia

La Defensa Pública de Río Negro contará con una nueva estructura de coordinación, luego de que la Legislatura aprobara este jueves, por unanimidad, el proyecto de ley que crea ocho cargos de defensores coordinadores, distribuidos entre los fueros Civil y Penal de las cuatro circunscripciones judiciales de la provincia.

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La iniciativa, impulsada por los legisladores Facundo López, Lucas Pica, Juan Carlos Martín y Juan Sebastián Murillo Ongaro, modifica distintos artículos de la Ley Orgánica del Ministerio Público (K N° 4199) y establece una instancia jerárquica intermedia entre la Defensoría General y los defensores que intervienen directamente en los procesos judiciales.

Los nuevos funcionarios estarán distribuidos en las circunscripciones con cabeceras en Viedma, General Roca, San Carlos de Bariloche y Cipolletti. Cada una contará con un defensor coordinador del Fuero Penal y otro del Fuero Civil.

El objetivo es descentralizar responsabilidades, mejorar la supervisión de los equipos de trabajo y fortalecer la asistencia jurídica, especialmente para los sectores más vulnerables de la población.

Una estructura que necesita reorganizarse

Uno de los principales fundamentos de la reforma es el crecimiento que experimentó el Ministerio Público de la Defensa durante los últimos años.

Actualmente, el organismo cuenta con 305 empleados y 157 defensores titulares y adjuntos que dependen directamente de la Defensoría General. Sin embargo, la estructura administrativa de esta última está integrada por apenas siete personas, entre empleados y funcionarios.

Según los autores del proyecto, esta situación dificulta las tareas de coordinación, supervisión y gestión del personal, además de limitar las posibilidades de planificación de políticas institucionales.

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Los nuevos coordinadores asumirán responsabilidades administrativas, como la organización de equipos, la autorización de licencias y el seguimiento de requerimientos, pero también tendrán funciones vinculadas directamente con la actividad judicial.

En el ámbito penal podrán intervenir en juicios por jurados, elaborar impugnaciones ante tribunales superiores, supervisar causas complejas y realizar visitas a establecimientos penitenciarios para controlar el respeto de los derechos de las personas privadas de su libertad.

En materia civil, participarán en recursos judiciales, coordinarán equipos de trabajo y podrán intervenir en visitas a instituciones que alberguen a niños, adolescentes, adultos mayores y otras personas en situación de vulnerabilidad.

Pica: “Darle robustez a la defensa”

Durante el debate legislativo, Lucas Pica (Juntos Somos Río Negro) explicó que la reforma apunta a garantizar la denominada “igualdad de armas” entre la acusación y la defensa dentro del sistema acusatorio vigente en la provincia.

“Lo que nosotros estamos hoy propiciando es darle robustez a la defensa, de la misma manera que venimos dándole potencia y robustez, en el sistema de persecución penal rionegrino, a las acusaciones, a la Fiscalía”, sostuvo.

El legislador recordó que la Legislatura avanzó en distintas reformas destinadas a fortalecer la persecución penal y otorgar mayor protagonismo a las víctimas de delitos.

Entre ellas mencionó la incorporación de la reiterancia delictiva, modificaciones al régimen de prisión preventiva y restricciones a las salidas transitorias para personas condenadas por delitos graves.

En ese contexto, consideró necesario fortalecer también la estructura de la Defensa Pública mediante la incorporación de funcionarios que permitan mejorar la organización del trabajo y la conducción de los equipos.

Un reclamo surgido desde la propia Justicia

Juan Murillo Ongaro (PRO Unión Republicana) destacó que la propuesta responde a una necesidad planteada por los propios integrantes del Ministerio Público de la Defensa durante distintas reuniones del Consejo de la Magistratura.

Recordó que uno de los primeros reclamos se formuló en Bariloche y posteriormente volvió a plantearse en Cipolletti, donde se informó que ya existía un proyecto legislativo para atender esa demanda.

“Si bien nosotros creemos que el Estado tiene que ser lo más chico posible y lo más eficiente posible, esto responde a una necesidad del Poder Judicial para funcionar de mejor manera”, afirmó.

El legislador explicó que el acompañamiento de su bancada no obedecía a una cuestión partidaria, sino al reconocimiento de una necesidad concreta del sistema judicial.

“No es responder a un pedido o a un proyecto de un bloque partidario o de un oficialismo, sino justamente darle respuesta a la misma Justicia y a los mismos funcionarios que son quienes han solicitado hacer esta modificación”, expresó.

Ibarrolaza acompañó, pero cuestionó duramente a fiscales y defensores

El discurso crítico fue el de Santiago Ibarrolaza, quien respaldó la creación de los nuevos cargos, aunque aprovechó el tratamiento para cuestionar el funcionamiento de algunos sectores del Poder Judicial rionegrino.

“Este es un proyecto que viene a cubrir un viejo reclamo del funcionamiento del Ministerio Público”, señaló.

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Recordó que el defensor general había planteado reiteradamente la necesidad de contar con una figura de coordinación similar a la que actualmente tienen los fiscales jefes.

Sin embargo, advirtió que las reformas institucionales no garantizan por sí solas una mejor administración de Justicia si no están acompañadas por independencia, imparcialidad y comportamiento ético de los funcionarios.

En ese marco, cuestionó la actuación de fiscales frente a denuncias de amenazas a periodistas en Viedma y sostuvo que, en determinadas situaciones, “los fiscales son más rápidos para archivar que para investigar”.

Ibarrolaza insistió en que resulta indispensable discutir el desempeño de quienes integran el sistema judicial, más allá de las modificaciones legislativas que puedan aprobarse.

“Le podemos poner las normas, le podemos poner las estructuras, pero si después la conducta del defensor oficial o la conducta del fiscal que tiene que denunciar deja mucho que desear, no es ética, no es imparcial y no es independiente, no va a haber Ministerio Público que funcione”, concluyó.