Río Negro restringirá las salidas nocturnas para todas las personas con monitoreo electrónico

Las personas que utilizan tobilleras o pulseras electrónicas en Río Negro podrían tener prohibido salir de sus domicilios durante la noche, incluso cuando no estén cumpliendo una condena o una prisión preventiva domiciliaria.

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La Legislatura provincial aprobó este jueves, en primera vuelta y por unanimidad, un proyecto que establece una restricción horaria entre las 20 y las 8 del día siguiente para todas las personas sometidas a monitoreo electrónico por disposición judicial.

La propuesta, impulsada por el legislador Lucas Pica y Facundo López (JSRN), recibió el acompañamiento de todos los bloques, aunque su tratamiento abrió un debate sobre el funcionamiento de los controles, los recursos disponibles y las responsabilidades de los jueces.

Uno de los datos más llamativos surgió de la intervención de la legisladora Martina Lacour, quien aseguró que actualmente existen 463 personas monitoreadas electrónicamente en la provincia y solamente siete agentes distribuidos en tres turnos para controlar el sistema.

A quiénes alcanzará la prohibición

El proyecto contempla tres situaciones: personas que cumplen condenas bajo prisión domiciliaria, imputados con prisión preventiva domiciliaria y personas sometidas a monitoreo electrónico como medida cautelar, aunque no tengan una orden de prisión domiciliaria.

Esta última categoría fue incorporada durante el tratamiento en comisiones, mediante una modificación del texto original.

“La restricción horaria, es decir, entre las 20 y las 8 horas, es para todos aquellos que están monitoreados y que tienen pulsera electrónica o tobillera electrónica”, precisó Pica.

Pica explicó que la intención es establecer una regla uniforme para todas las personas que utilizan estos dispositivos, independientemente de su situación procesal.

“Para los tres casos se va a aplicar esta restricción horaria. Y los jueces no van a poder excepcionar sino en casos de emergencia médica”, remarcó.

En este sentido, uno de los puntos centrales de la iniciativa es que las emergencias médicas serían el único motivo contemplado para permitir salidas durante el horario restringido.

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Pica aclaró que, aunque quienes cumplen prisión domiciliaria ya tienen la obligación de permanecer en sus viviendas, se decidió incluirlos expresamente para impedir que los jueces autoricen salidas transitorias nocturnas.

La propuesta surgió inicialmente a partir de situaciones vinculadas con la violencia de género, debido a que, según explicó el parlamentario, una parte importante de las violaciones de restricciones perimetrales se produce durante la noche.

Posteriormente, se resolvió extender la medida a todas las modalidades de monitoreo electrónico.

Lacour cuestionó los controles: 463 monitoreados y apenas siete agentes

La legisladora Martina Lacour acompañó la propuesta, pero advirtió que establecer nuevas restricciones no garantiza que estas se cumplan.

“No alcanza con establecer nuevas prohibiciones si no somos capaces de garantizar que se cumplan las que ya existen”, sostuvo.

Para fundamentar su posición, recordó el asesinato del comerciante Elías Miguel, ocurrido el 17 de mayo en Bariloche, y mencionó que uno de los involucrados, Juan Antonio Bonefoi, utilizaba una tobillera electrónica.

Según explicó, presentó un pedido de informes al Ministerio de Seguridad para conocer si el dispositivo había generado alguna alerta y recibió como respuesta que no se había registrado ninguna.

“¿Cómo puede ser que alguien que estaba sometido a monitoreo electrónico haya participado de un delito en el que muere este comerciante sin que el sistema haya detectado ninguna alerta?”, cuestionó.

En ese contexto, reveló que Río Negro cuenta con 463 personas monitoreadas electrónicamente y solamente siete agentes para supervisar el funcionamiento del sistema, distribuidos en tres turnos.

Lacour recordó que desde 2021 existe un protocolo provincial de actuación elaborado conjuntamente por las autoridades de Seguridad, el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General.

“Así que el problema no parece ser la falta de normas. La pregunta es si estos controles están funcionando y qué es lo que está haciendo el Estado para garantizar esto”, expresó.

La legisladora anunció que solicitará nuevas explicaciones al Ministerio de Seguridad sobre los recursos humanos y tecnológicos disponibles en la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME).

Juan Martín apuntó contra los jueces y advirtió que la ley puede quedar en letra muerta

El legislador Juan Martín, de PRO Unión Republicana, también respaldó el proyecto, aunque puso el foco en la responsabilidad de la Justicia para garantizar su cumplimiento.

“La prisión domiciliaria es una medida privativa de la libertad y una medida privativa de la libertad tiene que cumplirse, ni más ni menos”, afirmó.

Y agregó: “Esperemos que después los jueces hagan lo suyo, porque si no corremos el riesgo de que esta buena iniciativa, que tiene tino, que tiene un fin noble, caiga en letra muerta”.

También aprovechó su intervención para reclamar el tratamiento de otros proyectos relacionados con la seguridad, entre ellos la inhibición de señales de telefonía celular en las cárceles y la denominada ley antibúnker, orientada a combatir los lugares utilizados para el narcotráfico.

“Hay muchas iniciativas que apuntan en el mismo sentido y que duermen en el cajón de los proyectos incómodos”, cuestionó.

Pese a esas observaciones, ratificó su respaldo a la iniciativa: “Acompañamos este proyecto y, como decimos a veces, lo votamos con las dos manos”.

Ibarrolaza reclamó más debate sobre la inseguridad

El legislador Santiago Ibarrolaza también acompañó la propuesta y sostuvo que la política debe asumir mayores responsabilidades frente a los problemas de seguridad pública.

“La política no quiere debatir, ha clausurado el debate de la inseguridad en Argentina. Y la verdad que la inseguridad es un flagelo de todos los días que tenemos los argentinos”, expresó.

Ibarrolaza valoró las reformas que viene aprobando la Legislatura rionegrina, especialmente las relacionadas con la reiterancia delictiva, la reincidencia y la ejecución penal.

Consideró que la nueva disposición incorpora “un control sobre el control” y destacó que las restricciones nocturnas pueden contribuir a prevenir determinados delitos, especialmente los vinculados con la violencia de género.

“Nos estamos animando de alguna u otra manera a discutir y a poner arriba de la mesa qué hacemos con aquellos que deciden cometer delitos”, manifestó.

Facundo López respondió a Lacour: “Gracias a que tenía pulsera se esclareció el hecho”

El bloque oficialista, Facundo López, respondió a los cuestionamientos de Martina Lacour sobre el funcionamiento del monitoreo electrónico. En particular, se refirió al asesinato del comerciante de Bariloche y sostuvo que la información obtenida de la tobillera de Juan Antonio Bonefoi fue determinante para avanzar en la investigación.

López explicó que el acusado podía circular porque la medida judicial bajo la cual estaba monitoreado no contemplaba restricciones de desplazamiento. Por ese motivo, sostuvo que no correspondía que se activara una alarma por sus movimientos.

“Nadie sabe antes que va a ir a un determinado lugar a cometer un ilícito”, señaló.

Según explicó, el análisis posterior de los movimientos registrados por el dispositivo permitió establecer que Bonefoi había realizado recorridas previas por la zona donde ocurrió el crimen, información que contribuyó a orientar la investigación.

De esta manera, el oficialismo rechazó que la ausencia de una alerta demostrara necesariamente una falla del sistema de monitoreo.

López también aclaró que la UADME funciona durante las 24 horas, con personal distribuido en distintos turnos.

Además, destacó una inversión provincial de 12 millones de dólares destinada a modernizar el sistema de seguridad, que incluye cámaras inteligentes, lectores de patentes y el anillado vial.

“Todo esto nos está permitiendo tener cada vez más celeridad, más precisión y más eficiencia y eficacia en el control del delito”, aseguró.

El legislador sostuvo que las nuevas restricciones permitirán sumar herramientas para prevenir delitos y fortalecer la actuación judicial.

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“También le quitamos la excusa a los fiscales y a los jueces de que no tienen las herramientas”, expresó.

Finalmente, reconoció que será necesario continuar perfeccionando los mecanismos de vigilancia, aunque consideró indispensable contar primero con las herramientas legales.