Portaba un arma y le dieron una segunda oportunidad a un joven
Un joven de Viedma fue imputado por llevar una pistola calibre 22 sin autorización. La Justicia aceptó una salida alternativa por un año, pero deberá cumplir una serie de reglas. El caso judicial en detalle.
Nota relacionada: Violenta madrugada en El Cóndor: hubo apuñalados y un policía herido
El hecho investigado ocurrió el 16 de marzo de 2026, alrededor de las 2 de la madrugada, en inmediaciones de las calles 79 y 14, en el balneario El Cóndor. Según la acusación fiscal, el sujeto llevaba en su cintura una pistola Bersa calibre 22, con cargador y siete cartuchos, sin contar con la autorización legal correspondiente para su tenencia.
El arma fue secuestrada por personal policial que realizaba tareas de prevención en la vía pública. La causa fue encuadrada como portación ilegal de arma de fuego de uso civil en calidad de autor, en los términos del artículo 189 bis del Código Penal.
Ahora, la Justicia de Río Negro resolvió otorgarle la suspensión de juicio a prueba (una probation) por un año al acusado, quien estaba en un proceso judicial por portar un arma de fuego de uso civil de forma ilegal. La decisión fue adoptada este miércoles por la jueza de Garantías Georgina Amaro Piccinini, durante una audiencia realizada por Zoom.
El pedido había sido realizado por la defensa y contó con el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal. Para resolver, la magistrada tuvo en cuenta que el joven no registra antecedentes penales computables, nunca había accedido anteriormente a una suspensión de juicio a prueba y que el delito imputado contempla una pena de entre uno y cuatro años de prisión.
Durante todo un año, deberá cumplir estrictamente pautas de conducta: terminar sus estudios secundarios (presentando trimestralmente los avances de las materias rendidas), fijar y mantener un domicilio, realizar 300 horas de trabajo comunitario y mantenerse completamente alejado de las armas.
Durante la audiencia, la jueza preguntó qué había ocurrido con el arma y las municiones secuestradas. La defensa manifestó que no se oponía al decomiso, mientras que la Fiscalía explicó que el arma permanecerá resguardada durante el período de suspensión.
La fiscal Maricel Viotti Zilli señaló que, si el joven cumple las condiciones, posteriormente podrá solicitarse su destrucción. Pero si incumple y la causa debe avanzar hacia un juicio oral, el arma podría resultar necesaria como elemento de prueba.
La fiscal destacó que desde la formulación de cargos se produjeron cambios importantes en la vida del acusado. Actualmente vive con su abuela en Viedma y, según explicó durante la audiencia, habría mostrado una modificación significativa en sus hábitos y comportamiento. También consideró que las 300 horas de trabajo comunitario constituían una alternativa adecuada frente a una propuesta económica que había sido analizada previamente.
Antes de conceder el beneficio, la jueza Amaro Piccinini dejó en claro que la suspensión del juicio a prueba no implica restarle importancia al delito investigado. “Esto no significa y no le quita importancia a que usted conozca que el delito tiene una pena de prisión. No es una cuestión menor”, explicó la magistrada al imputado.
Amaro Piccinini remarcó que se trata de un delito de peligro abstracto contra la seguridad pública y que, según la investigación, se encontraba armado y tenía la posibilidad de utilizar el arma. Finalmente, consideró que las condiciones personales del joven, la ausencia de antecedentes, los cambios registrados en su vida y el dictamen favorable de la Fiscalía permitían conceder la suspensión.