Caso Mandagaray: la familia tomó una sorprendente decisión en medio del proceso

Hace una semana hubo movimientos en torno a la causa por la muerte de Gabriel Mandagaray, ocurrida el 15 de abril de 2021 en pleno curso del Cuerpo de Operaciones Especiales y de Rescate (COER), en Bahía Creek.

El fiscal Guillermo Ortiz solicitó la prisión preventiva en la cárcel para los tres instructores condenados, Alejandro Gattoni, Alfredo Nahuelcheo y Maximiliano Vitali Méndez, después de que el Superior Tribunal de Justicia convalide lo resuelto por el tercer Tribunal de Impugnación.

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Los defensores de los policías pidieron una medida menos gravosa, la colocación de tobilleras electrónicas o, en su defecto, prisión domiciliaria. En este contexto, los jueces Carlos Reussi, Ignacio Galiano y Marcelo Álvarez analizaron el caso y dispusieron la colocación de tobilleras para garantizar que los condenados permanezcan a disposición de la Justicia mientras continúa el proceso de revisión, con el último órgano: la Corte Suprema de la Nación.

Tras la resolución, el fiscal Ortiz hizo reserva para impugnar la medida y ayer era el último día habilitado para ese recurso. Sin embargo, fuentes de la investigación informaron que la familia no quiso apelar la medida y la disposición de pulseras electrónicas a los condenados continuará vigente.

En simultáneo, el próximo miércoles 26 de agosto se vencerá el plazo para poder apelar ante la Corte Suprema, por lo que los equipos de las defensas están trabajando a contrarreloj. Necesitan que los argumentos tengan la solidez necesaria para revertir las condenas que ya pasaron por todas las instancias provinciales. La resolución podría demorar entre tres y cinco años. En un escenario normal, ese tiempo se hubiera cumplido entre este año en curso y 2028. Pero, como hubo idas y vueltas entre los distintos tribunales de Impugnación y el STJ, la condena dispuesta el 25 de julio de 2023 tuvo una dilación en el tiempo.  

Ortiz basó su pedido de prisión preventiva por el riesgo de fuga y la capacidad de los instructores para esconderse de la justicia. Los defensores atacaron este argumento, con la premisa de que todos tienen arraigo familiar y que mantienen la esperanza de una absolución ante el máximo órgano de justicia nacional. Así las cosas, el tribunal definió: “Como no sabemos si esa condena va a tener lugar, las decisiones que tomemos tienen que ser prudentes. Podrían ser beneficiados de una resolución exculpatoria, por eso se impone un máximo de prudencia. El trabajo del fiscal fue claro, analizó los pro y los contra de los tres acusados. Hubo un avance positivo de la causa. Hace poco un defensor pedía que le saquemos la tobillera a su asistido y hoy tenemos defensores que nos piden una tobillera. Indudablemente hubo cambios en el proceso”.

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Pero ese cambio no alcanzó, a criterio del tribunal, para justificar el encarcelamiento. “No advertimos en los argumentos la presencia de elementos que nos conduzcan a privar la libertad de los acusados. Durante estos cinco años han tenido conductas donde se brindaron a la discusión”, se precisó y ordenaron la colocación de dispositivos electrónicos.

Además, los tres deberán presentarse semanalmente en las comisarías más cercanas a sus domicilios. El tribunal también ordenó prohibirles la salida del país y estableció que no podrán abandonar sus respectivas ciudades sin autorización judicial.

El hecho

Todo comenzó el 12 de abril de 2021, a 40 kilómetros de Bahía Creek, donde los instructores y el coordinador Alejandro Gattoni hicieron ingresar a los cursantes en un estanque de agua para luego iniciar la caminata hasta la playa en la que acamparon hasta el día siguiente.

En ese marco, los cadetes padecieron “excesivo desgaste físico y psicológico que les generó heridas en los pies, las manos y complicaciones psicológicas”.

También fueron obligados a soportar prácticas humillantes como “orinarlos, colocarse máscaras de excremento de animal sobre sus rostros y hacerlos ingresar al mar a altas horas de la madrugada sin ninguna medida de seguridad”.

En este contexto, el 15 de abril, en el marco del entrenamiento, Mandagaray fue obligado a ingresar al mar junto a dos compañeros con el uniforme policial completo, incluidos los borceguíes y todas las armas reglamentarias.

Previamente, Mandagaray había manifestado que “no sabía nadar”, lo que no fue tenido en cuenta, dado que el oficial y sus dos compañeros fueron instados a ingresar al agua cargando entre los tres un tronco de unos dos metros de largo.

Las autoridades informaron que el joven falleció en el agua por asfixia por sumersión. Pero, según indicaron las pericias forenses, antes de ahogarse sufrió hemorragias por un fuerte golpe en la cabeza, a la vez que estuvo expuesto a un fuerte estrés como consecuencia de diferentes situaciones sufridas durante el entrenamiento.