CIERRE DE ANDIS
Qué pasará con las pensiones de discapacidad a partir de 2026
En un anuncio reciente que ha generado un importante revuelo en el ámbito de la seguridad social, el Gobierno ha decidido disolver la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que ha sido la entidad responsable de administrar los programas de pensiones para personas con discapacidad. Este movimiento estratégico se enmarca en una reestructuración más amplia del sistema administrativo, trasladando las funciones de la ANDIS al Ministerio de Salud de la Nación.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de anunciar este crucial cambio en una concurrida conferencia de prensa. Denunció la existencia de "descontrol administrativo y manejos poco claros dentro del organismo", lo que refuerza la idea de que esta decisión forma parte de un esfuerzo mayor por limpiar la corrupción en el manejo de políticas públicas. Sin embargo, asegura que estas modificaciones no significarán la eliminación de pensiones existentes ni la disminución de beneficios, apuntando a asegurar que no se utilice la etiqueta "eficiencia" como disimulo para políticas de recorte.
Al pasar a quedar bajo la órbita del Ministerio de Salud, se estipula que habrá auditorías más rigurosas y un enfoque prioritario en el bienestar sanitario de las personas discapacitadas. Esto, asimismo, contempla la eliminación de varios cargos administrativos, demostrándose con la supresión de 16 puestos y un cambio drástico en la estructura interna, lo que representa una disminución del 46% en su jerarquía.
Respecto a quienes son receptores de pensiones, los requisitos establecidos por la ANDIS permanecen inalterados por ahora. Así, los individuos que perciben este beneficio deberán continuar demostrando un grado de incapacidad laboral que iguale o supere el 66%. También deberán cumplir con las normativas preexistentes, tales como no tener otro tipo de ingreso de seguridad social ni empleo formal que sea registrado, además de necesitar cumplir con ciertas condiciones de residencia y estar libres de sanciones legales o judiciales.
En paralelo a estos anuncios, el ajuste de pensiones será una realidad. Según el informe oficial, un incremento del 2,47% se sumará debido a la Ley de Movilidad, que sigue de cerca los índices de inflación declarados por el INDEC. De gran interés es saber cómo se reflejará esto en el poder adquisitivo de los beneficiarios, especialmente ante un contexto económico complicado, algo que el bono de $70,000 intentará aliviar hasta cierto grado.
Esta situación no solo subraya la necesidad de medidas transparentes y pragmáticas en la gestión de políticas sociales, sino también abre el debate sobre el futuro de estas prestaciones esenciales para poblaciones vulnerables.