Declaran la incompetencia y mandan a Santa Fe a buscar estafadores

En un reciente fallo, el Juez de Garantías de Viedma, Juan Martín Brussino Kain ha declarado la incompetencia del Ministerio Público Fiscal para seguir adelante con la investigación de un presunto caso de estafa. Además, ha ordenado remitir íntegramente las actuaciones a la Justicia con competencia penal en la ciudad de Frontera, provincia de Santa Fe, que tiene jurisdicción tanto en la materia como sobre el lugar donde ocurrieron los hechos.

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La investigación tuvo su origen el 14 de mayo. Una familia denunciante de Viedma, había publicado un anuncio en la red social Facebook donde ofrecía una cubierta en venta. A través de un perfil falso, una supuesta interesada en la compra tomó contacto con el vendedor.

En el transcurso de la conversación, la presunta compradora solicitó una clave bancaria para transferirle el importe correspondiente al producto. El denunciante le proporcionó a la estafadora el número de su pareja. Tras recibir un comprobante de transferencia, la vendedora intentó ingresar a su Home Banking para verificar el pago, sin embargo, este no se había registrado.

Más tarde, la denunciante recibió un número telefónico y decidió hacer una llamada en la que un individuo afirmó que ya había realizado la transferencia, pero que era necesario acercarse al banco para finalizar la transacción. Siguiendo estas indicaciones, la pareja de la denunciante intentó asociar la cuenta según las instrucciones recibidas. Lamentablemente, descubrieron que se habían realizado tres transferencias con un monto total de 920.000 pesos, lo que confirmó la existencia del fraude.

Las investigaciones continuaron y permitieron establecer que el titular de la cuenta de destino de los fondos se ubicaba en la localidad de Frontera, en el departamento de Castellanos, provincia de Santa Fe. Desde allí, se habría ejecutado toda la maniobra defraudatoria. Argumentando razones de economía procesal, buen servicio de justicia y la defensa del imputado, el juez consideró que la investigación debía llevarse a cabo en la ciudad de Frontera, donde ocurrieron los hechos.

Se trata de un caso que, de manera provisional, se enmarca dentro de los delitos contra la propiedad. La fiscalía en turno con competencia en Frontera tendrá ahora la tarea de continuar con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos.