Botón antipánico y restricción de 300 metros: una decisión para proteger a una mujer

Un caso reciente de violencia de género llevó a un tribunal de familia de esta ciudad a reforzar las medidas de protección otorgadas a una mujer que sigue en riesgo por parte de su ex pareja. La decisión subraya la importancia de la acción institucional inmediata, la evaluación continua del riesgo y la protección coordinada cuando existen indicios de que la seguridad física y psicológica de la víctima puede estar amenazada.

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El 16 de octubre, una funcionaria judicial compareció en nombre de la mujer para solicitar la reactivación urgente de su dispositivo de seguridad personal, comúnmente conocido como botón de pánico. La solicitud buscaba no solo la reactivación del dispositivo, sino también la intervención inmediata del Equipo Técnico Interdisciplinario para realizar una nueva evaluación de riesgo.

También solicitó al tribunal que adoptara todas las medidas necesarias para proteger la integridad física y psicológica de la mujer, así como su seguridad personal. Esta solicitud fue ratificada formalmente el 20 de octubre, reforzando la necesidad de una respuesta judicial urgente.

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Tras la evaluación, los profesionales del Equipo Técnico Interdisciplinario N° 2 recomendaron que el botón de pánico permaneciera activo durante 120 días. Este tipo de dispositivo permite a la víctima solicitar rápidamente asistencia de los servicios de seguridad si el agresor se acerca o si surge una situación de emergencia.

El equipo técnico también recomendó que la ex pareja, identificada como el agresor, reciba tratamiento psicoterapéutico, teniendo en cuenta las características del conflicto y las conclusiones de una evaluación psiquiátrica. Además, el tribunal ordenó a ambas partes participar en psicoterapia individual y presentar prueba formal de asistencia y tratamiento.

Estas recomendaciones buscan abordar el peligro inmediato, a la vez que responden a las circunstancias más amplias que rodean el caso. En situaciones de violencia de género, las medidas de protección suelen ir acompañadas de evaluaciones psicológicas e intervenciones terapéuticas destinadas a reducir los riesgos futuros.

En respuesta a la solicitud, Leandro Oyola, juez subrogante del Juzgado de Familia Nº 5 de Viedma, decidió prorrogar -de acuerdo al legajo en Mesa de Entrada del fuero de Familia-, las medidas previamente concedidas y renovadas en una resolución emitida el 7 de octubre. Dado de que el botón de pánico ya estaba vigente para el caso, el juez ordenó su prórroga por un período adicional de 120 días, de acuerdo a la sentencia publicada en el sitio web del Poder Judicial.

La resolución también prohibió al presunto agresor acercarse a la mujer en un radio de 300 metros. La restricción se aplica dondequiera que se encuentre, incluyendo su domicilio, espacios públicos, lugar de trabajo o cualquier otro sitio. Estas órdenes de distanciamiento están diseñadas para prevenir el contacto no deseado y crear una zona de protección alrededor de la víctima.

Para reforzar el plan de seguridad, el juez ordenó a la subcomisaría Nº 63 de la ciudad que proporcione protección en el domicilio de la mujer hasta la instalación del botón de pánico. Esta presencia policial temporal tiene como objetivo cubrir el periodo comprendido entre la orden judicial y la activación efectiva del dispositivo electrónico de seguridad.

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