El Estado deberá pagar casi US$ 10 millones a abogados de Cristina Kirchner y otros acusados

El Estado nacional podría enfrentar un desembolso millonario en concepto de honorarios para los abogados que dieron defensa a la expresidenta Cristina Kirchner y otros acusados en un caso legal que ha acaparado la atención política y mediática. La controversia se sitúa en una decisión tomada por la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, que declaró terminada una demanda civil clave tras aceptarse la caducidad del caso, planteo que ahora aguarda la intervención de la Corte Suprema de Justicia para una resolución final.

El caso se originó durante la presidencia de Alberto Fernández, cuando se inició una demanda contra Cristina Kirchner y otros vinculados en el contexto de presuntas irregularidades reveladas por Vialidad Nacional. Sin embargo, el avance esperado en los estrados judiciales no se concretó porque el organismo interviniente, Vialidad Nacional, detuvo su impulso en la causa, lo cual generó que la cámara fallara en favor de finalizar los procedimientos, dejando a los abogados de la exmandataria y los coacusados exigir el pago de sus respectivas honorarios.

Los alegatos giran en torno a una suma que totaliza 13.614 millones de pesos, que traducidos a moneda estadounidense alcanza la exorbitante cantidad de cerca de 10 millones de dólares. El abogado Miguel Ángel Arce Aggeo se coloca como el mayor beneficiario de dichos honorarios, tras brindar defensa a Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez. Según se detalla, sus servicios fueron valorados en una cifra cercana a los 3.714 millones de pesos (aproximadamente, 2.42 millones de dólares), cifra que ya contiene un ajuste adicional por su desempeño como líder del equipo.

Este desenlace ha generado múltiples reacciones en el entorno político y judicial, mientras que otros once abogados, entre ellos Mariano Fragueiro Frías, Mario Fernando Ganora, Oscar Luis Vignale, y Fernando Muriel, aguardan su parte del pago. Sus remuneraciones fluctúan entre los cientos de miles de dólares, hecho que enfatiza el impacto económico que podría representar para las arcas del Estado.

Luis Goldín y Fernando Muriel no son ajenos a esta lucha por lo considerado un derecho legítimo. Se presentaron en la Corte Suprema con el argumento de encontrarse inmersos en un vacío judicial ante la ya declarada "caducidad de la instancia". Defensores involucrados reclaman con tenacidad el llamado "derecho al cobro" de sus servicios profesionales, simbolizando así uno de los enfrentamientos más emblemáticos por honorarios en la reciente historia judicial del país.

Ahora, el futuro de estos honorarios parecen colgados de un hilo mientras el expediente aguarda la crucial resolución de la Corte Suprema, quien ha de decidir si se mantiene la estancia de caducidad de la demanda o acoge el recurso del organismo de infraestructuras en un intento esperanzado por reinstaurar el litigio.