Femicidio de Paola Muñoz en San Antonio Oeste: pericias clave permitieron precisar la imputación a los sospechosos

En una audiencia virtual realizada este jueves, el Ministerio Público Fiscal preciso los hechos por los cuales acusa a dos hombres de haber perpetrado el femicidio de Paola Muñoz, cuyo cuerpo fue hallado calcinado el 29 de marzo de 2025 en un descampado lindante a las vías del tren, en San Antonio Oeste. Ambos continuarán en prisión preventiva mientras se desarrolle la investigación.

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Fue el fiscal jefe, Juan Pedro Peralta el encargado de incorporar mayores detalles a los hechos que se le endilga a ambos acusados, a partir de múltiples resultados de pericias técnicas y científicas que se realizaron desde el momento del hecho. Enfatizó en ese sentido en la dificultad que implicó para toda la causa el haber encontrado el cuerpo calcinado, que borró gran catidad de evidencia. 

Se recuerda que la mujer de 45 años, oriunda de Choele Choel, fue asesinada entre la medianoche y las 17 horas del sábado 29, producto de un estrangulamiento y luego prendieron fuego su cuerpo, en un camino cercano a la planta de Alpat.

Fueron detenidos y están en reclusión en el Penal 1 de Viedma, Bienvenido Benítez, de origen paraguayo, y el chubutense Raúl Rojas. Ambos fueron localizados por vecinos llevando un carro y quemando al cadáver. Incluso, uno en estado de ebriedad confesó el crimen.

En primer término brindó precisiones acerca del hecho, puntualizó que fueron estas dos personas quienes el 29 de marzo de 2025 en San Antonio Oeste, se aprovecharon de "la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encontraba la mujer para agredirla físicamente hasta dejarla inconsciente".

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Luego la trasladaron a un sector lindante a las vías del ferrocarril, "donde prendieron fuego su cuerpo cuando aún se encontraba con vida". De acuerdo con la acusación, la muerte se produjo como consecuencia del daño térmico en las vías respiratorias provocado por la inhalación de gases tóxicos. Los hechos fueron encuadrados provisoriamente en el delito de femicidio imputando a ambos la coautoría del mismo.

En ese sentido enumeró todo lo realizado hasta el momento que permiten sostener esta teorpia del caso. Mencionó así gran cantidad de declaraciones testimoniales recepcionadas, los informes de autopsia y los estudios toxicológicos y genéticos realizados en distintos laboratorios de la República Argentina, entre ellos el de Genética Forense de Bariloche, perteneciente al Ministerio Público.

También mencionó el informe elaborado por un perito especializado integrante del Cuerpo de Investigación de Siniestros Ígneos, que concluyó que el foco ígneo se inició en el mismo lugar donde fue hallado el cuerpo. Todas estas precisiones ya obtenidas permitieron hoy la reformulación de cargos.  

La Fiscalía, en coincidencia con la postura de la defensa oficial, solicitó que la causa sea declarada de trámite complejo. Junto con las defensoras oficiales María Paz Alvarez y Graciela Carriqueo fundamentaron el planteo en la cantidad y complejidad de las pericias científicas y genéticas pendientes, así como en los estudios vinculados al incendio del cuerpo, cuyo análisis requiere mayores plazos para su producción y evaluación.

Así las partes podrán profundizar el análisis de la prueba incorporada y desarrollar medidas probatorias propias en resguardo del ejercicio del derecho de defensa, adelantaron entre ella la contratación de un perito de parte que se encuentra en proceso.

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En la misma audiencia, el fiscal jefe solicitó además la prórroga de la prisión preventiva que cumplen ambos imputados. Señaló que resulta necesario preservar la tranquilidad de quienes deberán declarar como testigos y garantizar que puedan llegar al eventual juicio por jurados en condiciones de brindar libremente y sin condicionamientos su versión de los hechos.

Luego de escuchar a las partes, el Juez de Garantías Favio Corvalán tuvo por reformulados los cargos, haciendo lugar al pedido para que la investigación continúe bajo el trámite de asuntos complejos. Otorgó además una prórroga de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria y la continuidad de la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía.