Tres años de prisión en suspenso para la "falsa médica" de Roca

Este viernes se realizó en el Juzgado Federal de General Roca la audiencia de acuerdo pleno en el marco de la causa que tiene como imputada a Mariela Fernanda Marzano, investigada por haberse desempeñado como médica sin contar con un título habilitante válido.

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Durante la audiencia, Marzano reconoció los hechos atribuidos por la Fiscalía y aceptó un acuerdo que contempla una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

La audiencia se realizó a partir del acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa. Para que la sentencia quede firme el juez deberá homologarlo en los próximos tres dias. Según se explicó durante la audiencia, la Fiscalía renunció a los plazos de impugnación en caso de que el acuerdo sea aprobado.

La investigación federal había comenzado luego de que el Ministerio de Salud de Río Negro denunciara que una persona había presentado documentación presuntamente apócrifa para obtener una matrícula que le permitiera ejercer la medicina en la provincia.

La Fiscalía señaló que la denuncia fue presentada el 6 de abril de 2026 y que, posteriormente, se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a Marzano y se recolectó documentación en distintas instituciones de salud de General Roca.

Cinco años y medio ejerciendo como médica

Uno de los puntos centrales expuestos durante la audiencia fue el período durante el cual Marzano ejerció la medicina. Según la acusación, desarrolló esa actividad entre el 13 de agosto de 2020 y el 3 de marzo de 2026, cuando el Ministerio de Salud suspendió provisoriamente la matrícula provincial número 8136.

Durante ese período trabajó en distintos ámbitos de la ciudad. En el Hospital Francisco López Lima se desempeñó entre el 25 de septiembre de 2020 y el 22 de noviembre de 2022. También trabajó en Clínica Roca desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 26 de febrero de 2026, donde ejerció como médica terapista. Además, realizó coberturas de guardia en la Clínica Juan XXIII durante septiembre y octubre de 2020 y nuevamente en enero y febrero de 2026.

La Fiscalía sostuvo que para desarrollar esas actividades utilizó un título universitario falsificado de la Universidad de Los Andes de Venezuela, además de documentación administrativa apócrifa.

Los seis hechos por los que asumió responsabilidad

Durante la audiencia, el fiscal detalló los seis hechos que fueron incorporados al acuerdo. El primero corresponde al ejercicio ilegal de la medicina y la usurpación del título de médica cirujana. Según la acusación, Marzano habría prescripto y suministrado medicamentos, firmado certificados y desarrollado tareas propias de una profesional de la salud sin contar con el título habilitante correspondiente.

Para ello, habría utilizado un título universitario de la Universidad de Los Andes de Venezuela que, de acuerdo con la investigación, no había sido emitido por esa institución. La Fiscalía explicó que el documento habría sido confeccionado digitalmente y posteriormente llevado a formato papel, con elementos destinados a darle apariencia de autenticidad.

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El segundo hecho está relacionado con la obtención de la matrícula provincial N° 8136. Para conseguirla, Marzano habría presentado el título venezolano falsificado junto con una resolución administrativa falsa del Ministerio de Educación de la Nación.  Dos días después, el 7 de mayo de 2021, habría utilizado esa misma documentación ante un escribano para obtener una copia certificada del título y ese episodio constituyó el tercer hecho incluido en el acuerdo.

El cuarto está vinculado con su desempeño en el Hospital Francisco López Lima. La Fiscalía sostuvo que, mediante el uso de documentación falsa y de la matrícula obtenida, logró incorporarse laboralmente al sistema público provincial y percibió salarios como médica durante 26 meses.

Además, durante ese período habría incorporado a su legajo una resolución falsificada de la Universidad Nacional del Comahue, fechada el 20 de julio de 2022, relacionada con una supuesta revalidación zonal de su título.

Los hechos quinto y sexto corresponden a las instituciones privadas. En el caso de Clínica Roca, la acusación sostuvo que Marzano utilizó la matrícula  para obtener una relación laboral y percibir remuneraciones entre octubre de 2020 y abril de 2026. Según lo expuesto durante la audiencia, la suma abonada en concepto de salarios habría sido cercana a los 96 millones de pesos.

En el caso de la Clínica Juan XXIII, se le atribuyó haber utilizado la misma matrícula para realizar coberturas de guardia y percibir una remuneración durante septiembre y octubre de 2020 y enero y febrero de 2026. En este caso, la suma mencionada durante la audiencia fue de 62.000 pesos.

Una pena de tres años, pero no irá a prisión

Por estos seis hechos, la Fiscalía y la defensa acordaron solicitar una pena de tres años de prisión de ejecución condicional. Es decir, en caso de ser homologado el acuerdo, Marzano no deberá cumplir la pena en prisión.

La Fiscalía explicó que la propuesta tuvo en cuenta que se trata de su primera condena y que no registra antecedentes penales, además de que se presentó ante la Justicia y cumplió con las medidas cautelares impuestas durante la investigación.

Entre las reglas de conducta propuestas se encuentran mantener actualizado el domicilio y el número telefónico, informar cualquier modificación, someterse al control correspondiente, no cometer nuevos delitos y no consumir estupefacientes. Durante la audiencia, el juez le preguntó expresamente a Marzano si había comprendido los hechos atribuidos y el alcance del acuerdo, incluyendo que los tres años de prisión serían de ejecución condicional. La imputada respondió que estaba de acuerdo.

El juez Hugo Horacio Greca informó luego que se tomaría los tres días habituales para resolver y que la Oficina Judicial notificará la resolución definitiva.

Decomiso y donaciones

El acuerdo también contempla el destino de distintos elementos secuestrados durante la investigación. Entre los dispositivos que serán destinados a tareas investigativas se encuentran una computadora tipo notebook, un dron y un disco rígido de 2 TB, que serán entregados a fuerzas de seguridad.

Por otra parte, distintos elementos médicos secuestrados serán destinados al Hospital Francisco López Lima, entre ellos estetoscopios, tensiómetros y medicamentos, además de otros instrumentos que puedan resultar de utilidad para el área de salud.

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También se dispuso la entrega al Ministerio de Salud de documentación vinculada al legajo laboral de Marzano para que se adopten las medidas correspondientes respecto de la matrícula provincial 8136, que actualmente se encuentra suspendida. Ademas, se ordenará la destrucción de elementos vinculados con la actividad investigada, como estuches, recetarios y determinados medicamentos.

En cuanto a sus pertenencias, se dispuso la restitución de teléfonos celulares, computadoras que no hayan sido utilizadas para la comisión de los delitos y el pasaporte, junto con el cese de las medidas cautelares que pesaban sobre la imputada.