Tras una nueva denuncia, crece el debate sobre las políticas de género en la UNRN

El reciente caso que involucra a un funcionario de la Sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) volvió a poner en discusión el abordaje institucional de las denuncias por violencia de género.

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Mientras un grupo de mujeres de los tres claustros difundió un comunicado en el que cuestionó la respuesta de las autoridades y advirtió sobre un "patrón de violencias" en la sede, el vicerrector Daniel Barrio defendió la actuación de la casa de estudios y aseguró que cada denuncia fue tramitada mediante los mecanismos previstos.

El pronunciamiento de mujeres que son docentes, nodocentes y estudiantes surgió luego de una reunión mantenida con Barrio, solicitada tras conocerse una nueva denuncia contra un funcionario de la sede.

En el documento, las firmantes exigieron que la conducción universitaria adopte "decisiones políticas claras, concretas y contundentes" y sostuvieron que los hechos registrados en los últimos años "no constituyen episodios aislados", sino que evidencian "un patrón de violencias que está instalado en la Sede Atlántica y se replica de manera sistemática".

Además, recordaron que en los últimos años fueron denunciados un secretario de la sede, un secretario del Rectorado, un bedel y docentes-investigadores, casos que según señalaron derivaron en sanciones.

Tras la difusión del comunicado, Barrios dialogó con NoticiasNet y planteó una mirada diferente sobre la situación. En primer lugar, sostuvo que “la violencia por motivos de género no constituye solamente un problema para la Universidad de Río Negro ni para la Sede Atlántica. Es una problemática que atraviesa a distintos ámbitos laborales, educativos, familiares e institucionales".

Las mujeres en el comunicado cuestionaron "la falta de abordaje comunicacional adecuado, la falta de información, la ausencia de espacios participativos y de un posicionamiento institucional", y presentaron un petitorio con siete propuestas.

Entre ellas solicitaron que la universidad informe institucionalmente cada activación del protocolo de género preservando la identidad de las denunciantes, que la formación en género y la inexistencia de denuncias sean requisitos para ocupar determinados cargos, la creación de un área propia de género en la Sede Atlántica, capacitaciones obligatorias y la incorporación de preguntas específicas sobre violencias en las evaluaciones docentes.

Por su parte, el funcionario señaló que la discusión no debe centrarse únicamente en la existencia de denuncias sino en la forma en que la institución responde, por lo que indicó que “la universidad tiene un conjunto de herramientas para enfrentar estas situaciones".

Uno de los principales datos aportados por Barrio fue el balance de los expedientes tramitados en la sede. "Siete tuvieron sanción y solo una terminó con una absolución porque la investigación determinó que no correspondía sancionar", aseguró.

Barrios precisó además que las sanciones aplicadas fueron desde suspensiones de 15 días hasta seis meses y una cesantía, mientras que en todos los casos se dispuso también capacitación obligatoria en perspectiva de género para quienes resultaron responsables.

El caso del funcionario denunciado

Barrio confirmó además que el funcionario denunciado recientemente dejó su cargo apenas tomó conocimiento de la situación. "Yo me entero un jueves por la tarde cuando tengo que firmar la medida cautelar. Como era secretario de Investigación, al otro día le pedí la renuncia y ese mismo viernes presentó la renuncia".

El vicerrector señaló que los hechos denunciados ocurrieron durante una actividad académica desarrollada en La Plata, donde el docente acompañaba a una estudiante en el marco de su trabajo doctoral.

Por lo que rápidamente, dispusieron una medida cautelar de alejamiento, una suspensión preventiva de un mes y que la universidad trabaja para garantizar la continuidad de la trayectoria académica de la estudiante mediante la designación de una nueva dirección de tesis.

"A veces no dar información puede parecer que estamos encubriendo situaciones de violencia, pero la idea es no revictimizar. Solo la víctima puede decidir qué información hacer pública", manifestó el vicerrector.

También explicó que las medidas cautelares se adoptan pocas horas después de presentada una denuncia y que consisten, como mínimo, en separar al denunciado del ámbito donde pueda tener contacto con la persona denunciante mientras avanza la investigación administrativa.

El pedido del grupo de mujeres

Las mujeres señalaron que durante la reunión Barrio brindó "algunas pocas precisiones", aunque afirmaron que varias de sus consultas no fueron respondidas. Por ese motivo resolvieron presentar un petitorio con siete puntos.

Entre las principales demandas figuran que la universidad comunique institucionalmente cada activación del protocolo de género resguardando la identidad de las denunciantes; que la formación en género y la ausencia de denuncias sean requisitos para ocupar determinados cargos; que se restrinja la asignación de responsabilidades a personas con denuncias recurrentes; que se informe sobre las actuaciones de la Comisión de Violencias de Género (Covidig), el funcionamiento de las UDVI y de la comisión de género del Consejo de Docencia, Posgrado y Vida Estudiantil; que la Sede Atlántica cuente con un área propia de género; que se implementen capacitaciones obligatorias y presenciales para toda la comunidad universitaria; y que se incorporen preguntas específicas sobre violencias en las encuestas de desempeño docente.