Buscan el retorno de inasistencias y sanciones en secundaria de Río Negro: los detalles

Proponen un giro en las reglas de asistencias y convivencia en las escuelas secundarias de Río Negro. Se trata de un proyecto de ley que busca reglas claras, para que haya sanciones en aquellos adolescentes que incumplen.

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La iniciativa busca derogar la Resolución N° 4617/17 del Consejo Provincial de Educación (CPE), la cual está vigente desde 2018. Allí, uno de los puntos es la convivencia, con normas de conductas que se deben cumplir entre la escuela y las familias.

Respecto a las faltas, no hay sanciones punitivas sino acompañamiento. Esto es lo que se buscas cambiar a través de este proyecto presentado por legisladores del bloque Cambia Río Negro. Entre los argumentos, manifestaron que dejó a los docentes desprotegidos ante casos de acoso escolar y violencia.

Sus autores, Patricia Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza y Claudio Doctorovich, sostienen que la ausencia total de consecuencias “no favoreció la inclusión educativa, sino que debilitó el sentido de pertenencia y los aprendizajes”.

En el proyecto sostiene retomar un límite numérico de asistencias que sea estricto. El nuevo régimen establece un tope máximo de 25 faltas justificadas anuales o 20 inasistencias en total (entre justificadas e injustificadas). Además, se detalla que tres llegadas tardías o retiros anticipados equivaldrán a una inasistencia.

El sistema prevé notificaciones y acompañamiento progresivo al alcanzar las 10, 15 y 20 faltas. ¿Qué sucede si un alumno supera el límite? Perderá la condición de alumno regular y no accederá a la promoción directa, debiendo cumplir con instancias de acompañamiento y evaluación integradora o acreditar de forma libre. Sin embargo, la ley presentada es clara: ninguna medida implicará la expulsión definitiva del sistema educativo.

El proyecto también reformula el sistema disciplinario ante la preocupante ola de casos de bullying y violencia. Introduce el Régimen de Responsabilidad Reparadora Educativa (RRRE), que clasifica las inconductas en tres niveles: leves, graves y muy graves.

Se estipula como situaciones leves el uso inadecuado del celular o el lenguaje irrespetuoso, las cuales se abordarán con llamados de atención o actividades de reflexión. Las graves, como el daño a bienes, el bullying verificado o la agresión verbal, podrán ser sancionadas con amonestaciones o suspensiones de 1 a 3 días. Los casos muy graves como violencia física, amenazas o ciberbullying sostenido, contemplan suspensiones de 4 a 10 días. En situaciones de extrema gravedad, el estudiante podrá ser reubicado transitoriamente en otra institución.

En el nuevo régimen, los autores señalan que “las amonestaciones impactarán en la asistencia: cada dos amonestaciones se computará una inasistencia injustificada. Durante los días de suspensión, el alumno no podrá ingresar al establecimiento escolar, pero la escuela deberá proveerle tareas y garantizar sus evaluaciones”.

“El sistema no busca ser puramente punitivo. Las intervenciones exigirán medidas reparadoras acordadas con el estudiante, tales como tareas de limpieza o mantenimiento, proyectos solidarios, talleres reflexivos o disculpas formales a los afectados”, subrayan los legisladores.

Por otro lado, remarcaron: “La normativa prohíbe expresamente las prácticas humillantes o estigmatizantes y aclara que las sanciones de convivencia nunca podrán afectar las calificaciones académicas de los jóvenes”.