YPF: demandantes quieren que la Argentina sea declarada en desacato

Argentina se encuentra en el centro de una intensa batalla legal en los tribunales de Nueva York. Los fondos de inversión Petersen y Eton Park han intensificado su presión en torno a la disputa sobre la expropiación de YPF y están solicitando a la jueza Loretta Preska que declare a la nación sudamericana en desacato. Este nuevo giro surge debido a presuntas demoras en la entrega de documentación oficial, esenciales en el procedimiento judicial que enfrenta al país por una suma de más de 16.000 millones de dólares, derivados de una sentencia previa en 2023.

Los fondos Petersen y Eton Park argumentan que Argentina no ha cumplido completamente con el proceso de discovery, un procedimiento legal que requiere la entrega de correos electrónicos y otros documentos de funcionarios públicos. Alegan que esta falta de transparencia en el intercambio de información constituye una violación de las reglas del tribunal y, según su decir, justifica la imposición de sanciones sobre el Estado argentino.

Por otro lado, desde el ámbito oficial, la Procuración del Tesoro rechaza categóricamente estos reclamos de desacato. Sostienen que se está actuando en pleno cumplimiento de las disposiciones jurídicas y que no puede considerarse multa alguna hasta que no se agoten todas las instancias de defensa permitidas por la ley. Esta confrontación legal ha reavivado el debate sobre la soberanía y el alcance de la jurisdicción extranjera sobre los asuntos estatales.

El proceso tiene su origen en un fallo de primera instancia que ordenó a Argentina pagar una suma sustancial debido a la expropiación de la petrolera YPF. Mientras tanto, el gobierno argentino ha lanzado una apelación que forma la piedra angular de su estrategia defensiva, al tiempo que denuncia lo que percibe como un intento por influir injustamente en su política soberana.

En esta dura disputa legal, los fondos de inversión amenazan con avanzar hacia medidas más contundentes como la implementación de multas o la solicitud de cronogramas obligatorios para analizar el desacato. Estas acciones podrían llevar a embargos sobre activos de instituciones ligadas al Estado como el Banco Central o Aerolíneas Argentinas.

Está previsto que Argentina haga su defensa antes del 19 de febrero, y una posible contrarréplica se presentaría el 5 de marzo. Se espera que la jueza Preska, después de considerar los argumentos de ambas partes, tome una decisión hacia finales del mes.