La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil del "Chiqui" Tapia

El juez penal económico Diego Amarante tomó la determinación de levantar el secreto fiscal y bursátil a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esta medida, enmarcada dentro de una causa compleja sobre la presunta apropiación indebida de aportes previsionales, es un golpe significativo para la cúpula del fútbol del país.

La investigación no se detiene en Tapia. Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, junto a otros miembros de la directiva, también se verán afectados por la medida judicial. Esta causa incluye un examen exhaustivo de cómo se han gestionado los aportes a la seguridad social, cuya cifra asciende a la asombrosa suma de 19 mil millones de pesos, según las denuncias realizadas por la Agencia de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ARCA).

Uno de los pasos relevantes que ha tomado el juez Amarante fue habilitar la feria judicial para no retrasar el proceso investigativo, un acto que subraya la importancia que se le otorga al caso. Asimismo, solicitó colaboración internacional a través de mecanismos establecidos, buscando información de bancos en Estados Unidos. Este pedido incluye detalles de cuentas, documentación de identificación, transferencias bancarias y más, con el propósito de seguir el rastro de los fondos.

El levantamiento del secreto fiscal abre la puerta a un examen detallado de las declaraciones fiscales de los implicados, sus transacciones bancarias y las diversas operaciones financieras en las que han participado. El objetivo de la justicia es trazar un mapa financiero que delineará posibles actos de apropiación indebida de fondos y eludimiento de responsabilidades fiscales.

Por el momento, y a pesar de la avalancha mediática, la AFA no ha emitido ningún comentario oficial respecto a estos procedimientos judiciales. La mirada está puesta en su dirigencia, que opera bajo la presión de un escrutinio cada vez más intenso por parte del poder judicial y de los medios de comunicación.

Paralelamente, las oficinas de la AFA y su predio en Ezeiza, sufren allanamientos como parte de la investigación. También lo fue la residencia del empresario Javier Faroni, quien lidera la empresa encausada por gestión de ingresos internacionales para la selección argentina. En un desarrollo inusual, Faroni fue interceptado por las autoridades al intentar salir del país, intensificando el misterio alrededor de los movimientos financieros investigados.

Según fuentes judiciales, TourProdEnter, empresa de Faroni, habría manipulado cerca de 260 millones de dólares en nombre de la AFA, de los cuales se habrían desviado 42 millones a compañías cuya existencia está en duda.

Estos eventos adquirieron un nuevo giro con el comunicado oficial de la AFA. En él, se denuncia una "campaña de difamación" y se defiende la transparencia de sus relaciones contractuales con TourProdenter LLC, argumentando que múltiples tribunales, tanto locales como internacionales, han inspeccionado dichas relaciones, sin detectar incorrecciones.