Estafas con viviendas: qué obligación impuso la justicia a la empresa constructora

Tiempo atrás se presentó ante la Unidad Jurisdiccional Civil Nº 3 de Viedma, a cargo del juez Leandro Oyola, una clienta de AZ Construcciones promoviendo una demanda por daños y perjuicios contra la empresa con la que firmó un contrato para la instalación de una vivienda industrializada que nunca la recibió.

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Expuso que el 4 de octubre de 2021 abonó el 50% del precio pactado y, posteriormente, el 17 de diciembre del mismo año, entregó otro 20%, alcanzando así el 70% del total convenido, sin que la obra haya sido iniciada ni se hubieran cumplido las condiciones prometidas. La modalidad  del convenio era de “llave en mano”, de 66 metros cuadrados, con un plazo de entrega de ciento veinte días y un precio total de 2.625.000 pesos. 

El 17 de octubre de 2023, los demandados Néstor Jaramillo, Jeremías Ezequiel Jaramillo y Nora Jaqueline Mercado, según la extensa sentencia, se presentaron en la causa aclarando que son empleados, no intervinieron en el contrato rechazando la acción judicial en los términos del artículo 2º de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor.

Sin embargo, el magistrado dio su interpretación en el marco de esta norma nacional señalando que corresponde al proveedor la obligación de colaborar en el esclarecimiento de la cuestión aportando todos los elementos que tenga en su poder.

Insistió en que "de nada sirven las negativas genéricas y/o particulares" por lo tanto condenó a la empresa a indemnizar a la damnificada en unos 15 millones de pesos, en concepto de daños moral, patrimonial y punitivo. Además se devengarán intereses hasta el efectivo pago.

Durante abril de 2023, la policía detuvo al titular de la empresa luego de que la justicia haya solicitado su captura a través de una resolución del entonces juez de Garantías de Viedma, Juan Pedro Puntel. Jaramillo de fue encontrado en la zona norte de Roca, en barrio Nuevo. En ese momento, la Brigada de Investigaciones dio con el mientras caminaba por la calle.

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