El rector de la UNRN brindó una clase pública en defensa de la ley de financiamiento universitario

El salón del Concejo Deliberante de Viedma se transformó este viernes en un aula. Allí, el rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Anselmo Torres, encabezó una clase abierta titulada “La universidad pública, el desafío de sostenerla”, con la mirada puesta en el desfinanciamiento que atraviesa el sistema educativo superior.

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El encuentro tuvo lugar después de la multitudinaria marcha universitaria realizada a nivel nacional —y también en la capital rionegrina—, donde miles de estudiantes, docentes y trabajadores salieron a reclamar por el presupuesto de las universidades.

Durante su exposición, Torres destacó la importancia de la movilización social y universitaria que permitió la aprobación en Diputados de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Ley de Emergencia Pediátrica. “Es un paso crucial, aunque todavía falta la sanción del Senado y la promulgación del Poder Ejecutivo para que los recursos lleguen a las universidades”, advirtió.

El rector fue enfático: “Las universidades públicas cumplen un rol estratégico en la reducción de desigualdades. La caída sostenida de sus presupuestos compromete sus funciones esenciales y refleja un cambio en las prioridades del Estado. Las consecuencias las sufre toda la sociedad y afectan el desarrollo del país”.

La clase abierta puso sobre la mesa que la pelea por el financiamiento universitario no se reduce a salarios ni a gastos administrativos, sino que apunta a garantizar que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades de acceso a los estudios superiores, sin importar su origen social o económico.

El mensaje final resonó fuerte entre los presentes: defender la universidad pública es defender un proyecto de país.

Qué es la Ley de Financiamiento Universitario Argentina 2025

Se trata de una norma sancionada por el Congreso con mayoría amplia, cuyo objetivo es garantizar recursos estables y suficientes para las universidades nacionales.

Uno de sus puntos centrales es elevar progresivamente el presupuesto universitario hasta alcanzar como mínimo el 1% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional. 

Establece mecanismos automáticos de actualización de los gastos de funcionamiento en las universidades para que se ajusten con la inflación, lo que da previsibilidad al financiamiento.

También obliga a reabrir las paritarias docentes y no docentes, para recomponer salarios que habían perdido valor real frente al crecimiento de los precios. 

La Ley incluye un fondo específico para las carreras estratégicas, que impulsaría nuevas ofertas académicas vinculadas al desarrollo nacional, investigación, ciencia, y áreas de vacancia territorial.

Además, prevé mejoras en el sistema de becas estudiantiles, fortalecimiento de infraestructura, del equipamiento universitario, y del bienestar estudiantil para garantizar que más estudiantes puedan permanecer y graduarse.

Una característica importante es que los recursos incluyen una “proporción universitaria” derivada de la coparticipación federal, con lo cual se espera una fuente de financiamiento más estable y menos expuesta a las demoras políticas.