El Gobierno continúa dando de baja pensiones por discapacidad sin justificación

La realidad para muchas personas con discapacidad en Argentina se ha visto notablemente sacudida en los últimos tiempos debido a la serie de auditorías y recortes de pensiones realizados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Historias de injusticia y desamparo emergen de los rincones del país, mientras el reciente escándalo de supuestas coimas en la agencia sigue resonando en los oídos del público.

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Los obstáculos burocráticos han sido abundantes y dolorosamente evidentes. Bajo la dirección de Diego Spagnuolo, se ha implementado un sistema de auditorías que, en teoría, busca mantener el orden y la transparencia financiera, pero que en la práctica ha generado un sinfín de tropiezos y desventuras para el sector más vulnerable: las personas con discapacidad.

Testimonios a lo largo del territorio nacional demuestran un patrón alarmante. Desde adultos mayores con discapacidades físicas a padres de niños con necesidades especiales, el ruido de la injusticia es audible. Las auditorías que deberían garantizar el resguardo de derechos han servido, tal como se señala, como herramientas para cortar un beneficio crucial sin previo aviso, afectando así la estabilidad de millones.

En muchos casos, cuando van a consultar a alguna sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) -luego hacer varias horas de cola- se enteran que les habían enviado una carta documento para auditarlos, pero que nunca les llegó. La misma situación están viviendo los más de 1200 prestadores registrados en la Agencia.

Por detrás de estas situaciones se esconde un contexto político y administrativo que hace más espinosa la cuestión de la asistencia a través de pensiones por discapacidad. Miles de prestadores registrados en la agencia enfrentan similar suerte, con auditorías que comparten las inconsistencias y demandas fantasiosas, como ejemplos: condiciones de citación problemáticas y plazos irrealistas para la presentación de documentación.

Antes de la modificación de la ley había un tope de 75 mil pensiones en todo el país. Las personas con discapacidad debían esperar en algunos casos cuatro o cinco años para que se abra un cupo y percibir el beneficio. Cuando asumió el gobierno de Javier Milei había cerca de 1,2 millones de beneficiarios. La cifra se incrementó porque se ampliaron los criterios de cobertura en línea con los nuevos paradigmas y resoluciones de Naciones Unidas, que en 2012 le impuso a la Argentina una mirada social de la discapacidad.

El objetivo de las pensiones desde entonces es mirar a la persona como individuo, más allá de su entorno, para que logre una vida independiente, sin tener que ser sostenida por un familiar o tutor. La pensión por discapacidad es un piso que da el Estado para que las personas puedan desarrollar su vida de la manera más independiente posible.

“Dar de baja las pensiones es mi trabajo”, se le escucha decir a Spagnuolo en uno de los audios. Es lo que Spagnuolo dice que le dijo a un enviado del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, quien lo presionaba por ejecutar el recorte. De ese diálogo se desprende que las auditorías fueron el mecanismo que impuso el exfuncionario para prender la motosierra que le imponía Sturzenegger en el sector de discapacidad.