Falta de información en cirugía y niña con secuelas en Viedma: condenan a un médico y al Estado

Una niña de Viedma y su familia serán indemnizadas tras un fallo judicial que responsabilizó a un médico, al Estado provincial y a dos aseguradoras por no proporcionar información clara y suficiente antes de una cirugía de cadera realizada en un hospital público. La decisión, que descartó mala praxis pero subrayó fallas en el consentimiento informado y en la historia clínica, destaca la importancia de la comunicación en el ámbito médico.

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El caso comenzó tras un accidente en bicicleta. La niña, que presentaba dolores y dificultades para caminar, fue diagnosticada con una fractura de cadera dos semanas después en un hospital de Viedma. Durante la espera para la intervención quirúrgica, sufrió una nueva caída. Aunque la obra social estatal había provisto un set de tornillos para la operación, en el quirófano se utilizó otro material disponible en el hospital.

Meses más tarde, al intentar retirar los tornillos, surgieron complicaciones porque no se contaba con las herramientas adecuadas. Finalmente, la familia llevó a la niña al Hospital Garrahan, pero hasta hoy la menor enfrenta dolor, limitaciones en su movilidad y secuelas psicológicas.

La condena

La demanda de los padres, que incluía la acusación de mala praxis, fue descartada tras pericias que confirmaron que el procedimiento realizado era adecuado y conforme a los estándares médicos. Sin embargo, el juez encontró graves deficiencias en el consentimiento informado:

• No se detallaron las patologías, los riesgos ni las alternativas terapéuticas disponibles.
• Faltaban fechas, nombres y firmas de los médicos intervinientes.
• No se documentó la decisión de cambiar los tornillos en el quirófano ni las razones de dicha sustitución.

El juez concluyó que la falta de consentimiento informado no se debió a razones de urgencia, lo que intensificó la responsabilidad del médico y del hospital. Además, subrayó que el médico, como agente público, vinculaba al Estado provincial, que también fue condenado a indemnizar a la familia.

Daño moral

La sentencia destacó que los padres no recibieron información adecuada ni antes ni después de la cirugía, lo que generó incertidumbre y estrés. La familia solo supo del cambio de tornillos tiempo después, cuando se intentó sin éxito su extracción en una segunda intervención.

Responsabilidades compartidas:

Además del médico y el Estado provincial, las aseguradoras involucradas deberán responder en los términos de las pólizas contratadas.

Este fallo no solo pone en cuestión las prácticas administrativas y comunicativas en la medicina pública, sino que también subraya la necesidad de proteger los derechos de los pacientes y sus familias ante situaciones críticas.