La “probation”, beneficio que sirvió para que zafe la firma de cobranzas

El 16 de abril de 2021 cerró en esta capital la empresa de cobranzas Siglo XXI dejando un tendal de deudas que dio lugar a varias acciones civiles y penales ante deudas con firmas de servicios públicos, privadas y públicas como EdERSA y ARSA y Pago Fácil que reclamaron el cobro de boletas efectuadas a sus usuarios sin que fueron transferidos. En ese momento se cálculó un perjuicio de unos 150 millones de pesos.

Un 16 de marzo pero de 2022, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos por defraudación contra los dos principales accionistas , y en ese momento ante la entonces jueza Itziar Soly, el fiscal Guillermo González Sacco hizo referencia a que en el caso de la empresa de energía representaba un perjuicio de 147 millones de esos por el incumplimiento registrado entre 2019 y 2021, y en el caso de ARSA otros dos millones de pesos.

En ese momento, la representación legal de los acusados fue ejercida por los defensores oficiales Pedro Vega y Juan José Alvarez Costa quienes no manifestaron objeciones a los hechos y a la imputación aunque requirieron que las medidas cautelares sean impuestas por el lapso en el que se desarrollará la investigación.

Sin embargo, con el correr de los días –el 26 de abril de 2023-, hubo un cambio de timón en los cálculos de la fiscalía, y el monto de EdERSA se redujo a 30.000.000 millones, y que este resultado dio lugar a que el caso sólo se remitiría a una “probation” hacia los imputados Leticia Aliberti como presidenta de la empresa y Horario Ferrarino como responsable operativo.

Finalmente, frente al juez de Garantías, Adrián Dvorzak, se concretó una audiencia denominada de “suspensión de juicio a prueba”, y en ese marco se produjo un debate entre el abogado querellante Luciano Perdriel en representación de EdERSA, González Sacco y Vega como defensor cuando fue ofrecida para atender las deudas una propiedad en Las Grutas valuada en 200.000 dólares.

Por caso, el letrado querellante cuestionó la oferta alegando que la disposición del inmueble “es de cumplimiento imposible” porque los imputados se encuentran inhibidos, sin embargo en el curso del debate, el fiscal sostuvo que "tenemos una discrepancia con la querella en cuanto a las inhibiciones, que habían quedado sin efecto en cuanto a los imputados. Lo que si solicitamos en la ‘probation’ es el compromiso de no innovar sobre ese bien, que va a garantizar los importes reclamados, por los cuales se formalizó la acusación".

También hizo referencia a la reducción de la deuda de la eléctrica. Explicó que “en su momento lo que hicimos fue solicitar la formulación de cargos por 140.000.000 de pesos y al delito que nosotros vamos es administración fraudulenta. Hay un bien cuyo valor sobrepasa el monto por el cual se inició la investigación, sumado a que los dos imputados se comprometen en el término de dos años a hacer un aporte de 500.000 pesos al hospital local, lo que es un condimento más y muestra que el esfuerzo está hecho".

Con esa audiencia concretada el 22 de noviembre pasado, y que en estos días cobró trascendencia pública,  quedó firme el acuerdo por la ‘probation’, ya que en el curso de las negociaciones y un acuerdo entre la fiscalía y la defensa se levantó la inhibición del bien para alcanzar una solución. No obstante, los propietarios deben enfrentar juicios laborales.

¿Qué significa una ‘probation’?

La suspensión del juicio a prueba, también conocida como “probation” es una forma de extinción de la acción penal respecto de imputados que cumplieron determinadas reglas de conductas durante un período de prueba fijado por el tribunal que la concedió, siempre que se reúnan los recaudos legalmente establecidos.