Hoy se adelantó un control de acusación contra los jefes superiores del curso COER, en el que perdió la vida el joven Gabriel Mandagaray. Se trata del Director General de Capacitación y Perfeccionamiento Carlos Grasso y al Jefe del Departamento Académico Oscar Szymansky. De forma inesperada, Grasso tomó la palabra y apuntó directamente contra el jefe de la Policía Osvaldo Tellería y contra el subjefe Orlando Cañuqueo.

En la oportunidad, Grasso dijo que había vuelto de una licencia que tenía postergada y excusó que con la pandemia había actividades vía Zoom y puntualmente sobre éste entrenamiento "no había nada que objetar, porque estaba previsto en la ruta camino a El Cóndor y después hablando con el director del curso, con el coordinador Gattoni, dijo que ahí no se podía realizar por un tema de seguridad de los pobladores, porque iban a utilizar armas largas y eran peligrosas".

Siguiendo esta línea, se envió una resolución para que sea analizada por la Jefatura, donde se dispuso la cantidad de alimentos e insumos para abastecer a los cursantes. En este orden, se defendió: "Yo considero que el Decreto 430 a mí no me imponía funciones de control en el lugar específico donde se iba a realizar el curso, para mí era una función más administrativa, como el control de la documentación".

Asimismo, relató: "Cuando a mí se me planteó que no había insumos, ni alimentos, ni estaba asegurado el racionamiento de los cursantes yo dispongo que el jefe del Departamento Técnico y que el Coordinador del Curso que era Gattoni vayan y planteen esta situación al director de Recursos Materiales. Al tener respuesta negativa, se dirigieron a la Jefatura de la Policía, tengo entendido que hablaron con el subjefe y el jefe de Policía tomó conocimiento, y por la fecha que estaba prevista se debía suspender".

"No estaba garantizado el racionamiento, no estaba garantizado nada y después me enteré por los medios periodísticos que el curso se lanzó, con la presencia del Jefe de Policía (Tellería) y del Subjefe (Cañuqueo). Y tengo entendido que el cambio de lugar fue firmado con una resolución del Jefe o Subjefe de la Policía", explicó y completó: "Ahora se me atribuye a mí que yo no controlé el cambio de lugar y yo nunca me enteré de ese cambio, me enteré por los medios".

Grasso siguió: "El curso de la Unidad del COER no depende directamente de mí, depende de los jefes regionales, por tal motivo no tenía la necesidad de comunicarme las novedades. El Coordinador del curso debería informarle al jefe de la Regional. Entiendo que se me está acusando de algo de lo que no tuve conocimiento".

"Esta imputación no me corresponde, porque yo nunca tuve conocimiento del cambio, sino me hubiera objetado porque estaban en un lugar no establecido y sin ningún plan elaborable", expresó.

Amplió en igual sintonía: "Después de la desgracia me entrevisté con Gattoni, que realmente estaba quebrado por la situación y yo también estaba muy mal porque lo conocía de niño a ese chico, era como mi hijo y tenía una relación excelente con la familia, fue doloroso enterarme de eso. Le pregunté a Gattoni ¿qué hacían en ese lugar? Y me dijo que Jefatura o Subjefatura, Tellería o Cañuqueo, lo habían autorizado. De palabra o no sé cómo fue, pero yo no firmé ningún papel escrito de un cambio de lugar del cursado".

El abogado de la familia, Damián Torres, manifestó que este planteo ya fue rechazado en instancias previas y citó a la magistrada Rita Custet, quien dijo: "Si esto solamente fuera una omisión del control podría ser una responsabilidad administrativa o laboral, pero lo que tenemos de frente es que hay un resultado que genera una lesión de tal gravedad que cumplimenta el aspecto objetivo formal y material".

"Se omitió controlar específicamente el determinado curso y esa ausencia de control específica llevó a que se hayan dado prácticas que no hacen a la regla ni al funcionamiento de la administración pública", remarcó y completó: "Lo que nosotros le imputamos a Grasso y a Szymansky es que ellos omitieron controlar este curso y este control era propia de esta normativa del Decreto 430 en las normas que específicamente se mencionan, la distribución fáctica es muy clara y puntillosa".

En la audiencia de hoy estuvieron el abogado Damián Torres en representación de la querella, los defensores Juan Luis Vincenty por Carlos Grasso, Aldo Bustamante por Oscar Szymansky, Rubén Saúl Negro por la Fiscalía y la jueza Daniela Zágari.