Los Vecinos Auto convocados por la Vida y la Libertad, una agrupación ambientalista de esta capital, alertó al Concejo Deliberante sobre su preocupación por los niveles de radiación electromagnética en cercanías a las antenas de telecomunicaciones de la Comarca Viedma-Patagones.

Este grupo lanzó la advertencia luego de haber adquirido un equipo de medición y tomar los valores de densidad de potencia que emiten las antenas en diferentes horarios. Puso como ejemplo que los  resultados obtenidos “superan en todos los casos ampliamente el valor máximo permitido por la normativa nacional de 1microWatt/cm2”.

En la nota dirigida al cuerpo deliberativo adjuntaron una planilla confeccionada con los datos obtenidos de las antenas que pudieron localizar en la Comarca acompañando el planteo con firmas de vecinos que apoyan la petición.

Recurrieron al Deliberante, puntualmente a la concejal Roberta Scavo (JxC) para que traslade la inquietud al Ente Nacional de las Comunicaciones (ENCAOM) con el propósito de que fiscalice debidamente y tome las medidas que considere necesarias para hacer bajar los niveles de radiación en la toda la zona urbana.

Además, solicitaron a la Secretaría de Obras y Ordenamiento Territorial para  crear el Registro Único de Propietarios de Estructuras Soporte y el Registro de Operadores de Servicios de Telecomunicaciones, como marca la ordenanza N° 8175/19 y a hacer cumplir los demás artículos a fin de que se pueda dar orden a la “caótica instalación de antenas que se está llevando adelante en la ciudad sin su debida habilitación y estudio de impacto ambiental”.

A fines de 2020, el ejecutivo municipal viedmense presentó una acción judicial para frenar trabajos en una antena que se construyó en el barrio Los Fresnos y que motivó quejas de vecinos.

Este amparo se elevó dado de que los estudios de impacto ambiental no fueron aprobados oportunamente por el área de ambiente de la comuna, y «a priori» podrían constatarse algunas otras inconsistencias documentales. Pese a la falta de autorización municipal, los trabajos siguieron con la intencionalidad de poner en funcionamiento las instalaciones. La acción legal recayó contra la empresa GME TOWERS SRL, de Buenos Aires, la adjudicataria de la vivienda situada en la calle Rio Pichileufu del barrio Los Fresnos y el Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda (IPPV).