En la fase 1 de la pandemia del coronavirus se vivieron en la provincia y el país hechos delictivos en los cuales el blanco fueron adultos mayores, quienes resultaron víctimas de estafas mediante operaciones bancarias.

Cuando el virus estaba intratable y el gobierno nacional puso en vigencia subsidios en el marco del Aislamiento Preventivo Social Obligatorio (ASPO), una pareja dijo haber recibido en mayo de 2020 un llamado de supuestos representantes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofreciendo un subsidio de 10.000 pesos a monotributistas.

La familia se enganchó con la comunicación tomando en cuenta que un hijo desarrollaba actividades económicas mediante el sistema de monotributo, y quisieron ayudarlo.

Siguieron el hilo de la conversación hasta que fueron obligados a acercarse a un cajero automático. Llegaron hasta allí con cierto temor a contagiarse ante la letalidad del virus que circula en forma permanente.

Les hicieron generar una clave para recibir los 10.000 pesos, y posteriormente entregaron la información bancaria en forma telefónica.

Minutos después, recibieron un segundo llamado de una persona del mismo organismo diciéndole a la mujer que se habían equivocado, y que por error “les habían depositado 250.000 pesos en la cuenta cuando en realidad esa suma correspondía a otros beneficiarios”, según pudo saber NoticiasNet. “No te preocupes querido, ese dinero no es mío”, le dijo la mujer con brutal honestidad. A continuación comenzó a transferir el abultado monto.

La mujer observó que dentro de esos fondos también estaba girando hasta los 10.000 pesos que le habían depositado.

Para corroborar que estaba operando en forma correcta buscó volver a tomar contacto con su interlocutor. No pudo ubicar a nadie en el teléfono de contacto.

Luego descubrió que le habían generado un préstamo bancario de 250.000 pesos, que el dinero había desaparecido, y que tenía bloqueado todo el vínculo con el banco.

En ese momento comenzó un segundo capítulo de esta novela. Como pudieron dentro de las restricciones hicieron consultas al banco a fin de conseguir que no se les cobre el préstamo.

Los representantes bancarios se desvincularon del hecho delictivos alegando que el manejo de claves tenía carácter privado.

Luego de la denuncia correspondiente se inició una causa en agosto de 2020 con mediación que no tuvo resultados favorables para la pareja.

En consecuencia, las abogadas viedmenses,  referentes en el fuero del Derecho del Consumidor. Cecilia Crisol y Andrea Morón, se presentaron ante la jueza civil, Gabriela Tamarit.

La magistrada emitió el miércoles pasado una sentencia haciendo lugar a una demanda por daños y perjuicios interpuesta  por la damnificada contra la sucursal bancaria.

Declaró la nulidad del contrato de préstamo y condenó a la entidad al pago de $809.710,37 (compuesta de la suma de $82.203,37 en concepto de daño emergente, de $227.507 en concepto de daño moral y la suma de $ 500.000 por Daño Punitivo).

Si bien la entidad bancaria puede apelar esta sentencia que favorece al matrimonio, Crisol explicó a este medio que se trata de la primera sentencia de Río Negro que se logra por estafas telefónicas.