Cannabis: Autocultivo con fines medicinales y particularidades locales

Por Nelson Namuncurá.
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Fotos: Daniel Idiarte.

Con el objetivo de instalar el debate sobre la importancia del autocultivo para la realización de cannabis medicinal, los concejales Dolores Patané y David Ibañez Bastiston llevaron el debate al Honorable Concejo Deliberante de Patagones.

El objetivo de la iniciativa es hacer visible el planteo de cientos de personas que tienen familiares con enfermedades terminales y al día de hoy utilizan el cannabis con fines terapéuticos.

Además, la iniciativa busca conseguir el tratamiento del tema en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde hay una ley presentada con tal finalidad. 

Ley nacional 

En conversación con Noticias, los ediles de Juntos por el Cambio expresaron que ‘hay una ley nacional que es la 27.350 de cannabis medicinal, que fue sancionada en 2017, pero aún no está en funcionamiento‘.

Por otra parte, comentaron que junto con Diputados de Juntos por el Cambio ‘estamos trabajando en una ley presentada en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires‘.

Según explicaron, ‘se trata de una ley que plantea el autocultivo con fines medicinales, por lo cual se propone hacer un registro de cultivos y todo un marco regulatorio‘.

En el caso de Patagones se presentó una iniciativa para solicitar el pronto tratamiento en la Legislatura provincial, que fue aprobada por unanimidad.

‘Nosotros comenzamos a dar la discusión a nivel local porque la idea es ir avanzando y conectando en esta temática a personas y organizaciones de la zona que trabajan en el tema. Lo que se hizo fue dar el primer paso para poner el tema en cuestión. Ahora queremos trabajar en un marco regulatorio provincial para luego ir avanzando en un marco propio, con nuestras necesidades y particularidades‘, afirmaron los ediles.

Con tal objetivo ‘estuvimos trabajando vía a zoom con varias facultades como la Universidad del Sur, con la Universidad Nacional del Centro, con la Universidad Nacional de La Plata, con gente del INTA y Conicet‘.

La finalidad de la iniciativa, afirmó, ‘es hacer una Ordenanza modelo que nos otorgue un margen más amplio para los que cultivan‘.

Concejo Deliberante

Justamente, en el marco de la 12 sesión ordinaria desarrollada en los últimos días el Honorable Concejo Deliberante de Patagones aprobó un proyecto de Resolución solicitando a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el pronto tratamiento del Proyecto de Ley D-2183/20-21 sobre ‘Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados‘. 
La iniciativa en cuestión fue aprobada por unanimidad, con los votos del Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.

Según se informó desde el bloque oficialista, ‘el 23 de julio del corriente ingresó a la Comisión de Salud Pública de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia el Proyecto de Ley D-2183/20-21 sobre ‘Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados‘.
Dicha norma busca ‘regular el uso medicinal del cannabis y, por lo tanto, su incorporación al Programa Médico Obligatorio vigente, estableciendo la obligatoriedad de una cobertura integral por parte de las obras sociales y la facultad de la autoridad de aplicación de promover el intercambio de estudios e investigaciones con efectores de salud públicos, universidades, laboratorios, etc‘.

La utilización del cannabis con fines medicinales es un tema ya instalado en la sociedad argentina, así como, en la provincia de Buenos Aires.

En tal sentido, la concejal Dolores Patané informó que ‘por primera vez desde 1961, el estado de programación del cannabis dentro del derecho internacional está cambiando‘.

Y añadió que ‘las recomendaciones científicas de la Organización Mundial de la Salud sobre el valor terapéutico y los daños relacionados con cannabis sativa L., revocan la prohibición de cannabis medicinal de 1950.-

Derecho internacional 

En este sentido, se ha propuesto reprogramar el cannabis dentro del derecho internacional para tener en cuenta la creciente evidencia de las aplicaciones médicas de la droga, revirtiendo su posición mantenida durante los últimos 60 años de que el cannabis no debe utilizarse en la práctica médica legítima. 

Y añadieron que ‘existen reportes de mejoría en casos que habían sido refractarios a terapias convencionales, en especial en lo relacionado con epilepsia refractaria en la población pediátrica, y en menor medida en el tratamiento de dolores crónicos como fibromialgia y otras patologías‘.

Incluso, la Organización Mundial de la Salud (OMS), órgano de las Naciones Unidas, determinó en noviembre de 2018 que el cannabidiol (CBD), molécula no psicoactiva de la planta cannabis Sativa L, no es una sustancia peligrosa que, por el contrario, cuenta con un alto potencial terapéutico, recomendando a los países miembro de las Naciones Unidas eliminen al cannabis de los listados de drogas peligrosas.

Ilegalidad

Pasando en limpio lo tratado y abordado en sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Patagones, Dolores Patané explicó que “lo que se hizo fue aprobar una Resolución pidiendo a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires su pronto tratamiento”-

Y añadió que se solicita “uso medicinal del cannabis, autorización para cultivo personal, la creación de un Registro de Cultivadores y una normativa legal”.
Para llevar adelante la iniciativa se cuenta con acompañamiento de “Universidades, Conicet, organizaciones y ONG que promueven acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública de la población”.

En este marco, recordó que “desde 2011 e incluso antes, los cultivadores brindaban información sobre las propiedades medicinales y terapéuticas del cannabis y ayudaban a pacientes”. 

En el año 2016, “la ANMAT elaboró un informe mediante el cual se reconocía la utilidad del cannabis para diversas dolencias y, en septiembre de ese año estableció un nuevo régimen de acceso de excepción a medicamentos”. 

Aún habiéndose la Justicia pronunciado a favor de dicha práctica, “la ilegalidad en la que se encuentran quienes recurren a ella los coloca en una situación de desamparo por parte del Estado que, en lugar de garantizar el acceso al medicamento, tipifica penalmente la conducta de pacientes y sus familiares”.