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31/03/2019

Son 7 los asentamientos en Viedma que esperan por la regularización

Se cumplen diez años de la toma que se originó en el barrio Santa Clara. Sus ocupantes han consolidado el espacio y persisten en la necesidad de regularizar esas tierras.
Son 7 los asentamientos en Viedma que esperan por la regularización
Son 7 los asentamientos en Viedma que esperan por la regularización

Por Silvano Eric Rosso 

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Con la aprobación el año pasado de la Ley de Tierras de los Barrios Populares, por la cual se declara de utilidad pública y sujeta a expropiación las tierras de más de 4400 barrios en todo el país, un total de 7 asentamientos en la capital rionegrina esperan por la aplicación de esta nueva legislación.


Pese a la importante población que en estos barrios informales habitan, Viedma está muy lejos de la cantidad de tomas ilegales que se vienen produciendo en ciudades como Cipolletti, San Carlos de Bariloche y General Roca.


En el Alto Valle, tanto Roca como Cipolletti suman más de 40 asentamiento populares, siendo Cipolletti la ciudad con más terrenos usurpados, con poco más de 30.


En San Carlos de Bariloche, la cifra alcanza a los 24.


Otras localidades rionegrinas como El Bolsón, Allen y Villa Regina, tienen también varios terrenos tomados, y sin acceso a los servicios públicos y básicos.


En Viedma, desde hace más de una década, se vienen reiterando las tomas ilegales.


El el año 2012 fue un devenir de usurpaciones, con tomas que han quedado desactivadas, y otras que se consolidaron, y que forman parte del actual relevamiento.


Este año, una nueva ocupación en terrenos aledaños al ex Loteo Silva activó la demanda de tierras.

Un relevamiento realizado hace poco mas de un año, permitió saber que en el país hay más de 4.400 barrios que no tienen las condiciones mínimas de un hábitat digno, que más de tres millones y medios de personas viven sin servicios básicos ni propiedad de suelo.

 


A tal punto que esta semana, vecinos de ese lugar se movilizaron a la Municipalidad para exigir, además del cumplimiento de la ley nacional, la posibilidad de hacerse de las tierras para construir sus viviendas.


Como siempre sucede, en situaciones emergentes como estas, el choque de intereses hace que las respuestas no sean inmediatas para ninguno de los demandantes.


La ley suspende los desalojos por 4 años y establece que un porcentaje de las obras de urbanización a realizarse sean a manos de las cooperativas de trabajo.


Esta normativa se nutrió de un importante relevamiento que fue realizado hace poco mas de un año, por el cual se pudo saber que en el país hay más de 4400 barrios que no tienen las condiciones mínimas de un hábitat digno, que más de tres millones y medios de personas viven sin servicios básicos ni propiedad de suelo.

 


En toda la provincia son alrededor de 40 mil las familias que se verán beneficiadas con la posibilidad de contar con servicios en su barrio.
Mientras que en Viedma, la cifra de habitantes permanentes de asentimientos populares supera los 700. 

 

En Viedma, desde hace más de una década, se vienen reiterando las tomas ilegales. El 2012 fue un devenir de usurpaciones, con tomas que han quedado desactivadas, y otras que se consolidaron. Este año, una nueva ocupación en terrenos aledaños al ex Loteo Silva activó la demanda de tierras

Las tomas ocurridas en Viedma


* El Progreso: comenzó a gestarse en mayo de 2012 en una cancha de fútbol situada en inmediaciones del barrio Gobernador Castello, frente a la Terminal de Ómnibus.

 

Viven más de 100 personas allí. Se han construido cerca de 60 casas de material, además de una decena de casillas precarias que aún permanecen a años de existencia.


Los mayores inconvenientes se observan en los días de lluvia, ya que el sector es muy bajo y fácilmente inundable, generándose dificultades para el escurrimiento.

 

* En El Cóndor: La toma en el balneario El Cóndor se generó el 1 de mayo de 2012, en día feriado. Varios vecinos que habitan todo el año la villa marítima ocuparon espacios que, de acuerdo al registro catastral, formaba parte de la reserva fiscal del Municipio. Hubo acciones legales. Muy pocas familias se animaron a permanecer en el lugar.


* Ina Lauquen: Fue en marzo de 2012. La mayoría de los ocupantes eran personas jóvenes que habitan los barrios aledaños, es decir, el Guido e Ina Lauquen.


Ocuparon un extenso predio con una cancha de fútbol. El Deportivo Defensores del Guido logró recuperar la cancha, y a sus alrededores comenzaron a edificarse casas de material y viviendas prefabricadas.


Ese año (2012) fueron varias las ocupaciones ilegales, que fueron abandonadas. Varias decenas de familias de los barrios 152 Viviendas, Los Fresnos y Santa Clara ocuparon terrenos en inmediaciones de la rotonda que une la avenida Juan Perón con la ruta provincial 1. Esta ocupación no prosperó. También en el barrio San Martín y en el Parque Independencia, que quedaron en desuso.


También hubo un intento de ocupar la cancha del Fátima, en inmediaciones del Loteo Silva, sin consolidarse.

 

Barrio 22 de Abril
En enero de 2016 se produce la usurpación de viviendas terminadas en su infraestructura básica, aunque sin servicios. Se ocupan las 222 casas disponibles.

 


La inmensa mayoría de las casas fueron recuperadas por acción de la Justicia y la Municipalidad, y en la actualidad, alrededor de 30 unidades habitacionales siguen en manos de moradores ilegales.

 

Ferroviarios
Familias han decidido instalarse, levantando precarias casillas al pie de los terraplenes del Ferrocarril.


Es el asentamiento más antiguo de la ciudad.

Más ocupaciones
En el mes de enero de 2017, hubo un intento masivo de usurpación, en los lotes del barrio 22 de Abril, que logró neutralizarse.


Esos lotes ya contaban con propietarios, pero no eran entregados a raíz de las obras que debían estar terminadas antes de la usurpación general del barrio, y que no se hicieron a raíz de que Nación dejó de enviar los dineros al Municipio.


El 2 de agosto de 2017, pocos días antes de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, se presentó una denuncia de carácter penal por la usurpación ocurrida en el predio deportivo del Santos Fútbol Club, del barrio Mi Bandera.


Eran alrededor de 40 los lotes que se habían dividido clandestinamente en el amplio predio.


También en 2015 hubo un intento: un grupo de personas usurpó tierras en un sector cercano al barrio Lavalle y de la Unidad Regional Primera de Policía.


El hecho ocurrió en el mediodía del 13 de junio de 2015, justo un día antes de las elecciones provinciales.


La Justicia ordenó en la oportunidad a la Policía que notifique a los presuntos usurpadores para que no construyan en el predio.

 

Qué dice la Ley de Expropiación de Tierras de Barrios Populares

La Ley de Expropiación de Tierras de Barrios Populares, que ya había sido aprobada en Diputados en abril y por unanimidad, es un proyecto impulsado por las organizaciones sociales como la CTEP, TECHO, Barrios de Pie, Caritas y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). 

 

Con ella, unos 4416 barrios de Argentina pasan a ser reconocidos como tales y el Estado declara su voluntad de expropiar esos terrenos para otorgar el título de propiedad a sus habitantes.

 

La norma, que ya había sido votada por unanimidad en Diputados, reconoce la titularidad de dominio sobre terrenos en los que viven desde hace años familias de sectores populares, que hasta ahora sólo contaban con una tenencia precaria de esas propiedades

La ley establece que el 25 por ciento de las obras necesarias para la urbanización de villas y asentamientos se realicen mediante cooperativas de trabajo de esos mismos barrios.


La nueva legislación suspende los desalojos por cuatro años y otorga la titularidad a las personas registradas durante la etapa del relevamiento que puedan demostrar la posesión de la vivienda. Para garantizar este punto, los barrios emplazados en terrenos fiscales serán cedidos a sus nuevos propietarios y, en los casos de terrenos privados, serán expropiados con igual fin.


Otro punto importante de la ley es la urbanización. El texto garantiza el acceso a los servicios hasta ahora negados para los habitantes de esos asentamientos urbanos: luz, agua, gas, cloacas y recolección de basura.