“Toma del Santa Clara”, la otra cara de la misma moneda

Por Nelson Namuncurá.
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Fotos: Miguel Basterra - Nicolás Rodríguez

La semana pasada Noticias recordó los diez años de la denominada ‘Toma del barrio Santa Clara‘ y contó la historia de algunos de los vecinos que ocuparon terrenos privados, propiedad de la sucesión Napp Somoza.

En esta nueva entrega dialogamos con Mónica Napp Somoza, una de las dueñas de la tierra usurpada junto con sus hermanos y sobrinos.

Versión de los propietarios

‘La toma comenzó en enero de 2009”, afirmó Mónica Napp Somoza, quien remarcó que “después de pelear con la Justicia y el Municipio, en diciembre del 2016, salió la sentencia a favor nuestro de la mano de la jueza Tamarif, quedando muchas sentencias firmes para desalojar. La mayoría ya estaba asesorado por abogados y tenían el derecho de apelar a pesar de que no existe elemento alguno que les permita evitar el desalojo, con la apelación solo tienen tiempo para decidir comprar el lote o irse”.

Según remarcó, ‘en el expediente por juicio de desalojo no hay ningún elemento a favor de éstas personas que realizaron la toma, además el expediente deja ver a las claras que todo esto fue una toma política y organizada, de eso no cabe dudas‘.

En tal sentido, Mónica Napp Somoza expresó: ‘Hoy sabemos a ciencia cierta que los ocupas que están usurpando, que especulan valiéndose de la inacción o inercia o bien podríamos decir de la corrupción de los funcionarios responsables de poner multas y evitar construcciones clandestinas. La no presencia de asistentes sociales, que mostrarían la real situación, que se aleja mucho de personas desesperadas por una vivienda, ya que la gran mayoría tiene lotes asignados en loteos sociales, tienen trabajo u otras propiedades, y las construcciones son de muy buena calidad, lo que presupone que no están en estado de indigencia y que podrían comprar nuestros lotes sin inconvenientes”.

Adentro de la toma hay 75 familias, “todos con trabajo formal e informal. Ya le vendimos a 18 familias, en cuotas y con muchas facilidades. Aunque a esta altura, la corrupción política que tiene punteros dentro de la toma para comprar voluntades, los protegen asegurándoles que no vamos a desalojarlos, solo para asegurarse votos”.

A pesar de que la toma está en el corazón de la ciudad y que los vecinos que habitan en sus alrededores cuentan con todos los servicios, ‘nosotros no vamos a permitir que se desarrollen las mejoras en función de los ocupas. Esto lo hablé con Natalia -Lafquen -vicepresidenta de la Junta Vecinal- muchas veces‘.

Sobre la autoridad barrial, Mónica Napp Somoza afirmó: “Natalia Lafquen fue ocupa y me está pagando el lote que había usurpado y siempre le digo que para erradicar la delincuencia dentro de la toma y lograr un mejor el desarrollo del barrio Santa Clara, debe hablar de lo que ella vivió en todos estos años, de atropellos por organizadores de la toma que amedrentaban a los ocupas más débiles”.

Valor de los lotes

La pérdida económica, afirmó, ‘para nosotros es sideral, esos terrenos tienen un valor básico de 30.000 dólares, lo que pasa que no se puede valuar bien porque está la toma. Lo contradictorio de todo esto es que el Estado no hace nada y permite que siga esto‘.

Según afirmó la propietaria, ‘el negocio de la toma y de quienes ocupan los terrenos es venderse entre unos y otros. Hace seis años que recorro la toma, caminando casa por casa, y todos saben que mis hermanos y yo estamos dispuestos a venderles para evitar un desalojo tan agresivo”.

Corrupción

Consultada por la actualidad de la toma del barrio Santa Clara, expresó que “nosotros nunca estuvimos relacionados con el Estado, ni con la política, vemos la corrupción a la luz del día con el atropello a lo nuestro de parte de los ocupas que delinquen y de los políticos que los avalan”. 

Al respecto, manifestó que “esto lo digo con conocimiento de causa, ya que en la campaña del 2011, tenía que mostrarles a los ocupas mi DNI, de la cantidad de políticos y políticas que iban a prometerles que si los votaba les aseguraban quedarse con nuestra tierra”.

En este orden, añadió que ‘muy a mi pesar voy descubriendo la ineficiencia del Estado y la corrupción que hay en su interior, que comenzó con el Gobierno de Ferreira -Jorge- y hoy recae en el gobierno de Foulkes -José-. Hoy, la oficina del subsecretario Maritn Pérez Morando es una expendedora de terrenos para comprar el voto de la gente y las familias honestas no pueden acceder a un lote social, ya que son utilizados para comprar votos”.

Investigación
 

Tanto Mónica Napp Somoza como sus hermanos llegaron en el 2004 “con mucha decisión de resolver este problema, teníamos a mi hermano más chico, que vivía donde está ahora ubicado el supermercado Chango Mas. Que dicho de paso, lo trajimos nosotros para desarrollar el lugar y levantar el valor de la tierra, porque no nos aceptaban tierra en parte de pago de impuestos y nos ofrecía el fiscal Sabatella, con Ferreira y Fracassia, cuatro centavos por lote, que era lo mismo que regalarles todo lo que tenemos”, afirmó la mujer. 

Su padre, recordó, ‘fue quien fundó el primer canal de televisión de la ciudad de Viedma, Canal 2, mucha gente lo conoce. En cuanto a la toma, la verdad que acá no se trata ni de los malos ricos o los pobres muy pobres, acá se trata de la delincuencia, que no pasa por la condición social de la persona. Tenemos una lista de más de 300 familias honestas que nos piden que les vendamos en cuanto desalojemos, y les aseguro que no se les ocurriría robarle la tierra a otro”. 

Abogados

Al referirse al accionar de los abogados contratados por la familia, Mónica Napp Somoza expresó: “Nuestros abogados, Marcela Cirignoli y Gonzalo Loriente, han cometido errores muy significativos en la demanda, al punto de iniciarles juicio sin nuestro consentimiento a compradores legitimos, como fue el caso del Dr Mario Caccamo. Ya estamos en comunicación con un nuevo letrado para descubrir quién o qué está trabando el proceso de desalojo, que en muchos casos la sentencia ya esta firme”.

De todas maneras, ‘todos tienen posibilidades de comprar su terreno en cuotas. Si no los compran, es porque prefieren querer robando con el respaldo de la Justicia, la Policía y el Municipio. Ni el Estado hizo lo que nosotros hicimos con esas familias, ni el Estado ha realizado el trabajo social que hemos hecho en ese predio. Pero lo concreto es lo que marca la estadística de honestidad en Viedma, de 75 familias que ocupan los terrenos, solo 17 son honestos, son los que se acercaron a acordar y pagar por los lotes ocupados‘.

Por lo expuesto, insistió en afirmar que ‘el negocio de la toma es venderse los terrenos entre ellos, toman acá, luego van al loteo Silva toman otros terrenos, y amparados por la política los venden. Esto lo saben el Intendente y también su secretario, Pedro Sánchez, a quien lo he llamado varias veces, pero ahora no me atiende‘.

En cuanto al crecimiento de las construcciones en la toma, afirmó que ‘acá el problemas son los límites, porqué construyen, porque pueden hacerlo, porque es una toma política, el 1 por ciento del padrón de la ciudad de Viedma son las tomas. Son siete tomas las que hay en la ciudad, imagínate cuántos votos son‘.

Carta a Macri

A raíz de esta situación la familia envió una carta al presidente de la Nación, Mauricio Macri, explicándolo lo que está sucediendo.

‘Eso fue hace tres años, enviamos un escrito comentando la corrupción que había acá, que no nos dejaron pagar la deuda de impuestos con terrenos, explicamos lo que hizo el fiscal Sabbatella, etc. Hubo una respuesta de Macri con una carta al gobernador Alberto Weretilneck, quien la derivó al mandatario municipal José Foulkes, pero el Intendente nunca nos atendió‘.

Durante gran parte de la conversación que Mónica Napp Somoza mantuvo con Noticias afirmó que quienes ocupan sus lotes es gente que está en condiciones de pagar por el terreno ocupado.

En tal sentido, afirmó: ‘En primer lugar quiero desmitificar esto de que la gente está desesperada, que no puede pagar una vivienda. Cada uno de ellos puede pagar la cuota que estamos cobrando, si vieran las construcciones que hay en el lugar se darán cuenta que cada uno tiene trabajo, hay dos o tres personas por vivienda que tienen empleo. Hay carpinteros, electricistas, albañiles, plomeros, etc, por eso muchos construyen. Además, no pagan impuestos, no se les pide plano, no hay controles‘, afirmó la sucesora.

Según consideró, ‘todos tienen la oportunidad de pagar una cuota por el terreno y no lo hacen. Cada vez que son presionados y tienen miedo de perder, ahí compran‘.

Para finalizar, remarcó que ‘lo concreto es que los ocupas están siendo favorecidos por el Municipio. Por esa toma no pasa un inspector, no hay control de ningún organismo, mucho menos de Obras Públicas de la Municipalidad. Hemos presentado notas y no nos escuchan. Reclamamos que no haya control, pero no pasa nada, por eso advertimos que no vamos a permitir que avancen los servicios, no mientras eso siga siendo una toma‘.