Publicidad
 
03/08/2021

Juicio a la Triple A: Hubo reparación pero piden no bajar los brazos

La querellante Julia García habló de la condena y realizó un repaso por aquellos años.
Juicio a la Triple A: Hubo reparación pero piden no bajar los brazos
Juicio a la Triple A: Hubo reparación pero piden no bajar los brazos

Luego de 46 de impunidad, en Bahía Blanca sentenciaron a prisión perpetua a Roberto Aceituno, como integrante de la Triple A, por el fusilamiento del estudiante universitario  David "Watu" Cilleruelo.

Era oriundo de Roca, estudiante de Ingeniería en la Universidad Nacional del Sur (UNS) y militaba en la Federación Juvenil Comunista. Lo habían elegido secretario general de la Federación Universitaria del Sur.

Juicio

La militante en Derechos Humanos, Julia García, hermana del "Negrito" García, también asesinado por la Triple A y querellante en la causa afirmó a Radio Nacional Viedma que el reclamo continúa por las otras 23 víctimas de la organización criminal y exigió la apertura de todos los archivos secretos.

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Bahía Blanca, en tanto, condenó a cuatro ex miembros de la Triple A por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1975.

Juan Carlos Curzio, Héctor Angel Forcelli y Osvaldo Pallero fueron sentenciados a cumplir una pena de 10 años de cárcel por haber sido hallados culpables del delito de asociación ilícita.

Para Raúl Roberto Aceituno, la condena fue a prisión perpetua: además de confirmar que integró la Alianza Anticomunista Argentina -conocida como Triple A-, el TOF lo halló responsable del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo.

Contexto

Al brindar un contexto de lo que ocurrió en aquellos años, Julia García explicó que “(el ministro de Bienestar Social, José) López Rega fue sindicado como uno de los responsables porque desde Desarrollo Social de Nación salían todas la armas, y era el centro operativo de esta organización”.

Y añadió que “a esta organización se la conocía con el nombre de Triple A en Buenos Aires, pero en otras provincias actuaban como Comando libertadores de América o como Corriente Universitaria. Estaban presentes en todo el país y actuaban de la misma manera”.

La Triple A “tenía por objetivo callar y eliminar a los dirigentes políticos, sociales, gremiales, estudiantiles que se opusieran al gobierno, que estuvo del ´'73 al '76”.

Recordó que en 1973 asumió Héctor Cámpora, la presidencia de la Nación, y muchos jóvenes del peronismo llegaron al gobierno, “pero luego hubo un giro hacia la derecha, y muchas universidades públicas y privadas fueron intervenidas, al igual que varias provincias. Hubo un corrimiento de los Gobernadores que llegaron de la mano de Campora”.

En este marco, contó que “comenzó la actuación de la Triple A, que en el caso de Watu lo matan en medio de todo el estudiantado. Ahora se condenó a Aceituno porque es el único que queda vivo. En el caso de mi hermano, fue el primer asesinado por parte de la Triple A, un 22 de septiembre de 1974”.

Según recordó, “cuando secuestran y matan a mi hermano había elementos para seguir el juicio, pero se cerró, hasta su reapertura en 1985, luego nuevamente se cerró y llegamos a esta altura, la mayoría de los culpables murieron antes de que comenzara este juicio”.

El aspecto positivo, a su entender “es que se pudo poner sobre la mesa un montón de información, y la gente pudo hablar, puedo contar lo que le pasó, pudo hablar de persecuciones, de golpizas, de detenciones ilegales. Todo fue parte del contexto”.

En el Juicio, indicó que “se habló todo el tiempo de las 24 víctimas de Bahía Blanca, pero solamente se investigó y juzgo el crimen de "Watu" Cilleruelo teniendo en cuenta que había uno de los imputados vivos. Su crimen, efectuado el 3 de abril del 75, a la vista del estudiantado que estaba inscribiéndose en las materias, fue tremendo”.

Ejecutores

Si bien Julia García destacó las condenas, también afirmó que “esta gente eran los que ejecutaban, pero nos falta saber quiénes eran los que mandaban, los que ordenaban, qué pasa con los decretos de octubre de 1975, cuál es la responsabilidad que le cabe a un gobierno que legalizó y financió una organización para-estatal y criminal. Esto fue una verdad a media, ese es el sabor amargo que queda, al igual que con el poder judicial”.

Para cerrar expresó que “nos quedan 23 compañeros sin justicia, pero no nos queda otra que seguir luchando porque algún día se va a saber la verdad de lo que pasó en el país”.