Un fallo judicial puso fecha al desalojo de una madre y cinco hijos, entre ellos una niña con discapacidad
El juez de Juicio, Carlos Reussi, dispuso que una mujer con varios hijos, llamada Elisabet Romero, desaloje en un plazo de 10 días el departamento de Viedma que ocupa ilegalmente junto a sus cinco hijos, cuatro de ellos menores de edad y una niña con discapacidad. El inmueble está ubicado en el barrio 20 de Junio y pertenece a la Fundación Creando Futuro, que reclama recuperar la propiedad desde hace seis años, desde 2020.
Leer más: Desalojo de una mujer y sus cinco hijos: qué dispuso la justicia
La decisión se tomó durante una audiencia realizada en la Sala Anexo, en la que participaron representantes de organismos provinciales y municipales convocados para analizar las alternativas habitacionales y garantizar que la medida no deje a los chicos en una situación de vulnerabilidad.
Todos los organismos señalaron que se puede dar una solución a futuro, pero en el plazo inmediato no, por lo que la Fiscalía pidió el desalojo inmediato. La mujer ya condenada no pudo ser notificada a tiempo y apareció en el segundo tramo de la audiencia de hoy, una hora después de los argumentos esgrimidos por los funcionarios.
La causa se inició a partir de la denuncia presentada por Esteban Giorgetti, en representación de la Fundación Creando Futuro en 2020, en plena pandemia. Romero fue condenada por usurpación el 15 de mayo de 2024 y, posteriormente, el 22 de noviembre de ese año se dispuso judicialmente el desalojo del inmueble. La ejecución quedó postergada durante dos años más por las circunstancias familiares y de salud que atraviesa la mujer y sus hijos.
Durante la audiencia de hoy, el fiscal Francisco Marano sostuvo que la situación habitacional no había encontrado una solución concreta pese a las distintas gestiones realizadas y consideró que ya no era posible seguir demorando la restitución del inmueble.
"Entiendo que el desalojo se debe efectivizar", planteó. No obstante, pidió que los organismos que participaron de la audiencia extremen las medidas de acompañamiento para evitar que los niños queden desprotegidos. Este mismo pedido fue suscrito por el fiscal Ricardo Pridebailo y la defensora de Menores adjunta Nélida Flores, quien instó a los organismos proteccionales a que resguarden los derechos de los hijos menores de la usurpadora.
Video
Una niña con discapacidad y una familia sin solución habitacional
Uno de los puntos centrales del encuentro fue la situación de una de las hijas de Romero, que necesita atención médica permanente y debe realizar controles y estudios de salud. La mujer explicó que la niña depende de ella durante todo el día y que tiene previsto regresar a Buenos Aires el 3 de diciembre para continuar con sus evaluaciones médicas.
"Está todo el tiempo conmigo, está 24 por 7, de una manera dependiente de mí", expresó al tomar la palabra. También manifestó su voluntad de encontrar una salida al conflicto: "Obviamente quiero buscar una solución para este tema, porque la verdad ya ha llevado mucho tiempo, presenté informes y papeles en todos los lugares que me pidieron”.
La defensa cuestionó que se avance con el desalojo sin que exista una alternativa habitacional concreta. Los abogados Adrián Zimmermann y Carlos Dvorzak advirtieron sobre los riesgos que podría generar la medida para la salud de la niña y la situación de los otros cuatro hijos.
"Si acá no hubo una respuesta de nadie, hay alguien que no está cumpliendo la función de funcionario que debe cumplir", sostuvo Dvorzak. También remarcó que la familia lleva años esperando una respuesta de los organismos estatales.
Qué respuestas dieron el IPPV y el Municipio
Durante la audiencia, representantes del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), áreas de discapacidad y organismos de protección de derechos explicaron qué alternativas podían ofrecer.
Desde el IPPV estuvieron presentes el subsecretario de Legal y Técnica Adrián Fernando Otero y la subsecretaria de Gestión y Coordinación Territorial, Laura Schlitter, quienes indicaron que el grupo familiar está inscripto en un programa habitacional destinado a personas con discapacidad, denominado “Incluir” y que el legajo fue remitido al Consejo Provincial de Discapacidad para evaluar su priorización. Sin embargo, aclararon que no se trata de una respuesta inmediata y que la eventual construcción de una vivienda puede demandar entre 18 y 24 meses.
También señalaron que la adjudicación depende de distintas condiciones administrativas, entre ellas la situación judicial de Romero, ya que el programa excluye a las personas con una condena firme.
Leer más: Entra en tiempo límite el desalojo de una madre y sus cinco hijos
El organismo reconoció que no cuenta con una solución habitacional de emergencia, aunque dejó abierta la posibilidad de priorizar a la familia si se recupera alguna vivienda y se dispone una resolución específica. En la misma línea, el asesor legal de la Subsecretaría de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad de Río Negro, Pedro Fantón dijo que hay un equipo técnico examinando los legajos de este caso.
Por su parte, el subsecretario de Promoción Social de la Municipalidad de Viedma, Juan José Rosso informó que se encuentra avanzado el trámite para otorgarle a Romero un lote en el barrio Carlos Larreguy, en el sector del barrio Lavalle. Según explicó, la mujer ya había firmado la tenencia precaria y restaban los últimos pasos administrativos para formalizar la entrega.
El terreno cuenta con servicios de luz, agua y cordón cuneta, y permitiría avanzar con una futura construcción. Sin embargo, quedará inconclusa la construcción de una vivienda.
Por su parte, el delegado del Valle Inferior de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), Luis D'Alfonso mencionó: “La evaluación que surge es que hay progenitores responsables de los niños y en principio se trata de una cuestión habitacional. Eso lo que hace es cerrar la competencia de la Senaf, porque en cuestiones económicas y habitacionales la Senaf no tiene competencias en sí misma. No es que no se relevan vulneraciones de derechos, sino que la vulneración per se es la habitacional”.
“En el caso de operarse el desalojo, ahí intervendrá la guardia de Senaf y, por supuesto, habiendo menores, niños, niñas en el domicilio, la guardia se hará presente en el momento del desalojo y determinará cuál será el resguardo que van a tener esos niños. Lo último sería ingresarlos a una institución”, subrayó.
La decisión del juez
Luego de escuchar a las partes y a los representantes de los organismos, Reussi consideró que el conflicto llevaba demasiado tiempo sin una solución habitacional concreta y que la condena por usurpación ya había sido confirmada en distintas instancias judiciales, aunque todavía resta una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El magistrado recordó que la orden de desalojo estaba vigente desde noviembre de 2024 y que se habían realizado distintas audiencias para intentar encontrar una salida que contemplara tanto el derecho de la Fundación a recuperar su propiedad, como la situación de los hijos de Romero.
"Encuentro que no queda otra posibilidad que renovar la orden de que usted desaloje el inmueble", resolvió. En consecuencia, le otorgó diez días para que abandone voluntariamente la vivienda. En caso de que no lo haga dentro de ese plazo, se podrá solicitar una orden para concretar el desalojo con intervención de la fuerza pública.
Al mismo tiempo, dispuso que los organismos provinciales y municipales presentes extremen las medidas de acompañamiento, especialmente en relación con la niña con discapacidad y sus hermanos menores de edad.