Fuga y choque en Viedma: la Fiscalía cuestionó el rechazo de una prisión preventiva solicitada hace tres días

El Ministerio Público Fiscal volvió a requerir hoy, en una audiencia de apelación, que se le imponga la prisión preventiva a un hombre que se encuentra imputado en dos causas diferentes. La aprehensión se dio en el marco de un intento de huida que culminó cuando el auto Ford Ka en el que se trasladaba chocó con otro Peugeot, provocándoles lesiones de gravedad a su conductora. Fue entre las calles Moreno y San Martín de Viedma, en inmediaciones de la farmacia Farmasur. 

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Cabe recordar que luego de una pesquisa, se encontraron 20 envoltorios con sustancias compatibles con clorhidrato de cocaína, lo que derivó en una causa federal.

En lo que corresponde con el fuero penal provincial, la Fiscalía recordó que oportunamente había solicitado la medida cautelar, que la defensa particular se había opuesto y que la jueza de garantías había rechazado el requerimiento, disponiendo otras reestricciones. Hoy el Ministerio Público Fiscal solicitó que se revisara la decisión.

Al fundamentar la impugnación, destacó que el imputado, de 19 años, registra tres legajos penales diferentes con formulaciones de cargos y causas en los fueros provincial y federal. En relación a ello hizo referencia a la eventual reincidencia. Sostuvo también que las penas previstas para los delitos atribuidos, consideradas conjuntamente, impedirían una eventual condena de ejecución condicional, aunque los procesos no hayan sido unificados.

Otro de los argumentos se vinculó con las inconsistencias detectadas respecto de los domicilios informados por el imputado. La Fiscalía señaló que existen dos direcciones reconocidas y que en una de ellas se produjo un episodio investigado como abuso de armas. En ese contexto se identificó un automóvil celeste, que sería el mismo utilizado durante la persecución policial y en cuyo interior posteriormente se encontró una vaina servida.

Indicó que el hombre utiliza una tobillera electrónica desde febrero y sostuvo que ese mecanismo de control no resultó suficiente para evitar los hechos investigados. También afirmó que el imputado proporcionó información falsa durante una audiencia, circunstancia que incorporó a los fundamentos del riesgo procesal. Finalmente calificó de arbitraria la resolución y consideró que la jueza se había inmiscuido en atribuciones propias del Ministerio Público Fiscal.

La defensa particular volvió a oponerse a la prisión preventiva y reiteró los argumentos expuestos anteriormente. Sostuvo que ya se habían valorado las circunstancias presentadas por las partes y que correspondía mantener el rechazo de la medida solicitada por la acusación.

El juez revisor confirmó la decisión de la jueza de garantías y coincidió en que los delitos atribuidos en el legajo que motivó la aprehensión prevén una pena de prisión breve, de eventual ejecución condicional. Asimismo, destacó que el imputado no registra antecedentes penales.

En relación con los demás procesos en trámite, sostuvo que su existencia no modifica, por sí misma, la posibilidad de una eventual condena de ejecución condicional. Agregó que la reiterancia delictiva, considerada de manera aislada, no resulta determinante para disponer la prisión preventiva en casos de estas características.

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Respecto de los riesgos procesales invocados por la Fiscalía, consideró que no fueron suficientemente acreditados y que tampoco se demostró que no pudieran neutralizarse mediante medidas cautelares menos gravosas. En el mismo sentido, entendió que las conductas intimidatorias mencionadas por la acusación no se encontraban suficientemente respaldadas por los elementos presentados.

Finalmente, señaló que la jueza de garantías había analizado los planteos de las partes y fundamentado las razones por las cuales consideró que los argumentos de la Fiscalía no resultaban suficientes para imponer la prisión preventiva. Indicó que, si bien esa valoración podía ser objeto de discusión, ello no convertía la resolución en arbitraria. Rechazó así la impugnación de la Fiscalía y confirmó la resolución que había denegado la prisión preventiva, manteniendo las medidas cautelares oportunamente dispuestas.

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