Desalojo de una mujer y sus cinco hijos: qué dispuso la justicia

La Justicia de Viedma avanzó en la ejecución del desalojo de la familia encabezada por Elisabet Romero, en el marco de una causa que ya cuenta con condena firme por usurpación. Está mañana, las partes acordaron otorgar un plazo de 45 días para concretar la salida del inmueble, ubicado en el barrio 20 de Junio.

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Durante la audiencia, el fiscal Francisco Marano explicó que el caso viene extendiéndose desde la sentencia dictada el 15 de mayo de 2024 (con condena de seis meses de prisión en suspenso) y que, pese a intentos previos, no se logró concretar el desalojo. En este sentido, Marano explicó que “necesitamos poder avanzar en el desalojo del domicilio”, al mismo tiempo detalló que se mantuvieron comunicaciones con la defensa y con la Fundación Creando Futuro, que es propietaria del inmueble.

El representante del Ministerio Público indicó que la situación de salud de una de las hijas de Romero (que había impedido su presencia en una audiencia anterior) fue atendida, por lo que mencionó que “la urgencia que necesitaba en julio del año pasado se ha podido canalizar”, aunque reconoció que la niña cuenta con una discapacidad.

Marano señaló además que, tras conversaciones entre las partes, se arribó a un acuerdo para fijar un plazo definitivo: “Hemos convenido pactar un plazo de 45 días a partir de la fecha para que se efectivice el desalojo” con el objetivo de evitar “una situación de mayor vulnerabilidad, sobre todo de los niños que residen con ella”.

En relación a la asistencia previa recibida por la familia, se mencionó un subsidio otorgado el año pasado. Sin embargo, la defensa ejercida por Adrián Zimmermann y Carlos Dvorzak, aclaró que “fue por una ayuda alimentaria, que no tiene nada que ver con los plazos, no fue para solucionar el problema habitacional”.

Al momento de resolver, el juez Carlos Reussi avaló el acuerdo alcanzado, aunque remarcó que los tiempos ya se encuentran ampliamente vencidos. “La decisión ya ha sido dictada en noviembre del 2024”, recordó, y agregó que el periodo otorgado a la joven madre, trabajadora informal, funciona como “una expectativa para que se haga una solución fluida”.

De esta manera, el plazo de 45 días aparece como la última instancia para concretar el desalojo de manera voluntaria, antes de que pueda avanzarse con su ejecución forzada, en este caso que data de la pandemia del coronavirus cuando el departamento estaba vacío.