Bajo la lupa: los nuevos protocolos que prepara Río Negro para actuar ante el delito juvenil
Río Negro avanza en la elaboración de un Código Procesal Penal Adolescente y un protocolo de actuación para adecuar los procedimientos provinciales al nuevo Régimen Penal Juvenil.
Las iniciativas buscan establecer pautas específicas para la intervención de los organismos del Estado ante situaciones que involucren a adolescentes en conflicto con la ley penal.
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En diálogo con Radio Noticias (105.5), Rubén Marín, subsecretario de Asuntos Legales y Jurídicos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), explicó que el trabajo se desarrolla desde la Dirección Penal Adolescente junto con los equipos técnicos, delegados y asesores jurídicos del organismo.
"Nos parecía interesante poder empezar a trabajar en protocolos y en un código procesal para poder aplicar fundamentalmente todo lo que hay que llevar adelante cuando se trata de la responsabilidad penal adolescente", señaló.
Marín precisó que el protocolo apunta a coordinar la actuación de los distintos organismos involucrados, entre ellos las áreas de protección, Justicia, Policía y Salud. En paralelo, el proyecto de código procesal pretende establecer procedimientos específicos para la investigación, el juzgamiento y el seguimiento de las causas penales que involucren a adolescentes.
Recientemente Marín participó, junto con otros siete asesores y delegados del área jurídica del sistema proteccional, de un congreso nacional realizado en Salta, donde conocieron experiencias de otras provincias que ya comenzaron a desarrollar herramientas similares.
La intención explicó “es avanzar con una primera propuesta para presentarla ante las autoridades de la Secretaría y el Ministerio” y luego ampliar su discusión con los demás organismos que deberán intervenir en la aplicación del nuevo régimen.
"Es una construcción bastante colectiva del organismo", remarcó, y anticipó que buscarán compartir el proyecto con los ministerios públicos y la defensa pública para darle una elaboración conjunta.
La especificidad, uno de los principales cambios del nuevo régimen
Al analizar las diferencias entre el sistema anterior y el nuevo marco legal, Marín señaló que “uno de los cambios centrales” es la necesidad de abandonar una mirada predominantemente tutelar para avanzar hacia un esquema que contemple tanto la responsabilidad penal como las particularidades propias de la adolescencia.
"Más allá de la modificación desde los 14, una gran importancia y un gran cambio que hay es la especificidad", afirmó.
En ese sentido, explicó que los distintos actores del Estado y del Poder Judicial deberán contar con formación y herramientas adecuadas para intervenir en causas que involucren a personas menores de 18 años.
"El juez, fiscales, defensores y al momento de tener que juzgar o defender no es un mayor de edad, sino que se trata de un adolescente", expresó. Para el funcionario, esa diferencia debe reflejarse en todo el proceso, desde la intervención judicial hasta el acompañamiento que realizan los equipos territoriales.
También destacó el papel de los profesionales interdisciplinarios y la necesidad de considerar las características y circunstancias de cada adolescente.
Qué hace actualmente la SENAF con los adolescentes imputados
Marín detalló cómo funciona actualmente el sistema provincial de acompañamiento y seguimiento de adolescentes que ingresan al circuito penal.
"Nosotros lo que hacemos es el seguimiento y acompañamiento y la información. Acá nosotros somos parte del proceso, no los defendemos, no imputamos, somos parte del proceso y colaboramos y asesoramos también al juez", precisó.
Entonces cuando la Justicia formula cargos contra un adolescente, la Senaf interviene a pedido judicial mediante el programa de Libertad Asistida. Allí, un equipo integrado por trabajadores sociales, psicólogos y operadores realiza el seguimiento correspondiente.
El objetivo de esa intervención es garantizar que el adolescente mantenga el acceso a derechos fundamentales, como la educación y la salud, además de acompañar el cumplimiento de los compromisos establecidos durante las audiencias judiciales.
Además, funcionan otros dispositivos en la provincia, como el programa de medidas socioeducativas, que contempla restricciones de la libertad en modalidades abiertas, y los Centros de Atención y Derivación (CAD), donde son trasladados los adolescentes que intervienen en situaciones de presunta comisión de delitos en flagrancia.
El acompañamiento familiar y la prevención de nuevas situaciones
Según Marín el acompañamiento no se limita al joven, sino que “nosotros trabajamos siempre con la vinculación familiar, que también lo prevé la ley de fondo. El vínculo familiar, la educación, la salud, todo eso lo tiene que garantizar Senaf".
En aquellos casos donde los equipos detectan situaciones de riesgo o vulnerabilidad familiar, interviene también el programa de Fortalecimiento Familiar, con el propósito de acompañar a los adultos responsables y mejorar las condiciones de contención.
“Más del 95% de los casos presentan algún tipo de riesgo o vulnerabilidad”, por lo que consideró fundamental articular el abordaje penal con las políticas de protección integral.
En ese marco, el funcionario diferenció la situación de los adolescentes menores de 14 años, que no pueden ser sometidos a persecución penal. En esos casos, señaló la intervención corresponde al área proteccional y puede incluir el acompañamiento del programa de Fortalecimiento Familiar.
La adecuación provincial, un desafío institucional
El desafío no pasa únicamente por modificar los procedimientos existentes, sino también por garantizar que cada organismo cuente con personal especializado y mecanismos de coordinación para intervenir.
Marín reconoció que los programas actuales de la Senaf, algunos de los cuales funcionan desde 2003 y 2006, deberán actualizarse para responder a las nuevas exigencias.
"Es importante también el territorio y el seguimiento de estos adolescentes con una mirada más de reinserción social, educación, garantizando la educación y la salud, para que obviamente no vuelvan a caer en este modo delictivo", concluyó el funcionario.
La Provincia trabaja ahora en consolidar los documentos y avanzar en su presentación ante las autoridades y los organismos que deberán intervenir en la aplicación del nuevo régimen.
La propuesta provincial busca, en definitiva, establecer reglas claras para la intervención de cada institución, sin perder de vista que la responsabilidad penal adolescente requiere un abordaje diferente al de las personas adultas.