Irá a juicio un concejal de Valcheta acusado de abuso sexual
El juez de juicio Guillermo Bustamante rechazó este lunes el pedido de desafuero de un concejal de Valcheta acusado de abuso sexual simple contra una adolescente. La resolución fue comunicada durante una audiencia realizada esta mañana y permitirá que el proceso avance hacia el juicio oral sin necesidad de tramitar previamente la quita de sus fueros.
El requerimiento había sido presentado por el Ministerio Público Fiscal, representado por Ricardo Pridebailo y Francisco Marano, ante la proximidad del debate. La acusación buscaba evitar posibles cuestionamientos posteriores de la defensa vinculados con las inmunidades constitucionales del funcionario.
Sin embargo, Bustamante entendió que la Fiscalía “no acreditó un impedimento concreto y actual para realizar el juicio”. Sostuvo que la inmunidad de los concejales no impide por sí misma la continuidad de un proceso penal cuando no se necesitan medidas coercitivas y el imputado manifiesta su voluntad de comparecer.
El magistrado recordó que “el hecho investigado es ajeno al ejercicio de la función pública” y que las inmunidades previstas en la Constitución Provincial y en la Carta Orgánica de Valcheta están vinculadas con las opiniones y los votos emitidos por los funcionarios en el ejercicio de sus mandatos.
Los fundamentos de la resolución
Para rechazar el planteo, Bustamante se apoyó en distintos precedentes del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, entre ellos Manqueo y Petricio. Explicó que “el privilegio constitucional simple no impide automáticamente la continuidad del proceso”, sino que adquiere relevancia cuando resulta necesario adoptar medidas coercitivas contra el funcionario.
En ese sentido, señaló que la Fiscalía “no solicitó ninguna medida de ese tipo, como una detención o una conducción compulsiva”. También valoró que la defensa, a cargo del abogado Santiago Guenumil, había manifestado que el acusado estaba dispuesto a comparecer al juicio y que había cumplido voluntariamente con todos los requerimientos judiciales.
Otro de los argumentos estuvo relacionado con la protección de la víctima. El juez advirtió que tramitar el desafuero podría generar demoras de duración incierta y obligar a remitir actuaciones con información sensible sobre una adolescente a un órgano político de una comunidad pequeña como Valcheta.
Por esos motivos, dispuso la continuidad del proceso conforme al auto de apertura a juicio y rechazó el pedido de suspensión de los plazos procesales.
La Fiscalía recurrirá y se prorrogaron las restricciones
Tras conocer la decisión, el fiscal Ricardo Pridebailo anunció que interpondrá un recurso de revocatoria, con reserva de impugnación.
En la misma audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó “extender las medidas cautelares que pesan sobre el acusado”, cuyo vencimiento operaba al día siguiente. Las restricciones incluyen la obligación de mantener actualizado su domicilio y la prohibición de acercarse a menos de 150 metros de la adolescente y sus familiares, además de determinados domicilios, establecimientos educativos y espacios públicos de Valcheta.
El pedido fue formulado hasta el 17 de diciembre, fecha prevista para la lectura del veredicto. Como no hubo oposición de la defensa, Bustamante autorizó la prórroga en los términos solicitados.