Fallo por la planta cloacal de Viedma: la Justicia ordenó el pago de millonarias indemnizaciones a propietarios expropiados
A casi cuatro años de su inauguración oficial, el conflicto judicial por las tierras donde se emplaza la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales de Viedma llegó a una resolución definitiva en el Poder Judicial de esta ciudad.
Leer más: A recuperar terreno: cómo es el proceso para sanear el predio de la vieja planta cloacal
En un extenso fallo dictado el pasado 20 de abril de 2026, la Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N° 1, a cargo en forma transitoria del juez Leandro Oyola, determinó los montos que la Provincia de Río Negro deberá abonar a los propietarios de los inmuebles afectados -entre ellos el del ex vicegobernador Mario De Rege-, reconociendo valores significativamente superiores a las ofertas iniciales del Estado.
Una obra trascendente
La planta, una de las obras más trascendentales financiada por el Plan Castello, fue licitada originalmente en 2018 con un presupuesto de 376 millones de pesos y finalmente inaugurada en octubre de 2022 con una inversión total que rondó los 1.300 millones de pesos. Se encuentra ubicada a la vera de la Ruta Provincial Nº 1, entre Viedma y el balneario El Cóndor, a unos 10 kilómetros de la ciudad.
El proyecto fue diseñado bajo el concepto del denominado "vuelco cero", eliminando las descargas directas al río Negro y permitiendo -en una segunda etapa- del reúso de efluentes para riego en unas 900 hectáreas.
Sin embargo, detrás de la puesta en funcionamiento de esta infraestructura clave para el saneamiento de la capital provincial, se libraba una batalla legal por la expropiación de cinco inmuebles rurales situados en las cercanías de la ciudad.
El reconocimiento de la "Unidad Productiva"
Uno de los puntos más destacados del fallo del juez subrogante es el reconocimiento de los daños causados por la división de las parcelas. En el caso de los propietarios Enrique y Nora Alicia Inda, el magistrado consideró probado que la expropiación de un tercio de su superficie no solo redujo la tierra disponible, sino que provocó que el campo perdiera su carácter de "unidad productiva".
Según el dictamen pericial aceptado, los gastos fijos del campo (personal, veterinarios, administración) permanecen inmutables mientras que la capacidad de producción (rodeo de vacas madres) disminuye un 30%, forzando al propietario a costear la explotación con recursos externos. Por este concepto, se difirió el cálculo de los daños definitivos para la etapa de ejecución de sentencia.
“Valores ajustados a la realidad económica”
El fallo zanjó la enorme brecha entre las ofertas fiscales de la Provincia y las pretensiones de los privados. Mientras que por la parcela de la familia De Rege, el Estado inicialmente ofreció apenas $78.000, la Justicia fijó la indemnización por el valor objetivo del bien en una suma que, tras las actualizaciones e intereses, supera los 232 millones de pesos.
Para llegar a estos números, el juez aplicó la doctrina del Superior Tribunal de Justicia (fallo "Argovis"), convirtiendo los valores determinados en dólares por la Junta de Valuaciones a moneda de curso legal utilizando el dólar denominado Mercado Electrónico de Pago (MEP) al momento del dictamen (abril de 2024), y adicionando una tasa de interés pura del 8% anual desde el momento del desapoderamiento.
La disputa por las fechas de posesión
Un aspecto técnico crucial fue la determinación de cuándo el Estado tomó posesión de las tierras. La Provincia sostenía que el desapoderamiento ocurrió formalmente en 2020. No obstante, los propietarios lograron demostrar que las máquinas de la empresa Sylpa S.R.L. ingresaron a los predios el 18 de octubre de 2018 para dar inicio a los trabajos de excavación de las piletas. Esta diferencia de casi dos años fue fundamental para el cálculo de los intereses devengados en favor de los expropiados, y por caso Inda, hizo lugar al ingreso debido a que “se enteró por los diarios” de la obra.
Resumen de las indemnizaciones fijadas
El fallo establece que la Provincia deberá abonar, dentro de los 90 días de quedar firme el decisorio, las siguientes sumas por el valor objetivo de los bienes:
Familia De Rege (Parcela 18-1-J-003-06): $232.470.099,91.
Enrique y Nora Alicia Inda (Parcela 18-2-436598): $587.153.489,78.
Mario Luis De Rege (Parcela 18-2-458595): $749.942.433,18.
Fridevi S.A.F.I.C. y Luis Iribarren: Aproximadamente $4.340.575 cada uno por servidumbre de acueducto.
Asimismo, el magistrado impuso las costas del proceso a la Provincia en la mayoría de los casos, al haber sido las indemnizaciones fijadas muy superiores a las ofertas iniciales.