El Gobierno envió al Senado el proyecto de reforma electoral
El Gobierno terminó la versión final de la reforma electoral y el presidente Javier Milei lo envió al Senado. Se trata de un paquete más amplio que el que había trascendido en los últimos días.
La iniciativa avanza sobre la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. En ese sentido, exige para los partidos de distrito afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón, con tope de dos millones de electores, y para los partidos nacionales eleva a diez los distritos con personería vigente, junto con un piso de afiliados equivalente al 0,1% del padrón nacional. También fija causales más estrictas de caducidad, como no alcanzar al menos el 3% del padrón en una de dos elecciones nacionales sucesivas.
En el capítulo electoral, el texto deroga formalmente el régimen de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Cada partido podrá definir sus candidatos con mecanismos internos propios. A eso le agrega un sistema de avales ciudadanos para oficializar listas: cada partido deberá reunir respaldos equivalentes al piso de afiliados exigido para obtener la personería, y esos avales deberán canalizarse a través de una plataforma digital instrumentada por la Cámara Nacional Electoral con mecanismos de autenticación de identidad.
Por otra parte, la Boleta Única de Papel incorpora una de las modificaciones que la Casa Rosada venía evaluando: un casillero para votar con una sola marca todas las categorías incluidas en la columna de una agrupación.
Con respecto a Ficha Limpia, de acuerdo a la iniciativa no podrán ser candidatos las personas condenadas por delitos dolosos con sentencia confirmada en segunda instancia. Asimismo, se crea un Registro Público de Ficha Limpia en la Cámara Nacional Electoral.
En materia de financiamiento, se mantiene el aporte estatal al funcionamiento de los partidos y se prevé que esos recursos puedan destinarse, entre otros fines, a campañas electorales. Sin embargo, endurece prohibiciones para aportantes, fija topes del 35% por persona para aportes institucionales y de campaña, obliga a informar semanalmente los aportes privados y refuerza el control sobre cuentas bancarias y publicidad.
Asimismo, el texto incorpora la prohibición para que las agrupaciones políticas contraten servicios de personas extranjeras. Además, prohíbe que los sujetos impedidos de aportar financien publicidad de contenido político o electoral y faculta a la Justicia Electoral a ordenar la baja de publicaciones o gastos contratados en 24 horas.
Por último, el proyecto modifica la elección de los parlamentarios del Mercosur. Hasta que el Consejo del Mercado Común establezca el “Día del Mercosur Ciudadano”, los representantes argentinos dejarán de ser elegidos por voto directo y pasarán a ser designados entre los legisladores del Congreso, con cobertura de vacantes a cargo de la Cámara de Diputados según la proporción política de ese cuerpo.