Qué aplica Río Negro ante el desfinanciamiento nacional para la construcción de viviendas
La política habitacional en la provincia de Río Negro atraviesa un escenario complejo, marcado por la falta de financiamiento nacional y la necesidad de sostener la obra pública exclusivamente con recursos provinciales.
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En ese contexto, la construcción de viviendas se ve limitada y obliga a redefinir estrategias para atender una demanda que continúa en crecimiento, y a diferencia de décadas anteriores, cuando los grandes planes habitacionales se ejecutaban con fondos federales, actualmente no existen programas nacionales de vivienda en funcionamiento.
Esta situación impacta de manera directa en la cantidad de casas que pueden construirse cada año y en la escala de los proyectos que se ponen en marcha en las distintas localidades rionegrinas.
Durante el año 2025, la provincia logró avanzar con la ejecución de viviendas, aunque en un volumen menor al previsto inicialmente. La totalidad de las obras fue financiada con fondos provinciales, lo que implicó una administración más restrictiva de los recursos disponibles y la necesidad de establecer prioridades en función de la capacidad presupuestaria.
En este marco, el interventor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), Mariano Lavín, explicó en diálogo con Radio Noticias que la actual coyuntura obliga a replantear el alcance de las políticas habitacionales. “Todo el plan de obra pública del IPPV se financia hoy exclusivamente con fondos provinciales”, señaló, y remarcó que “no existe ninguna política nacional de vivienda ni financiamiento federal para este tipo de programas”.
Lavín detalló que durante 2025 se construyeron alrededor de 300 viviendas en la provincia, una cifra inferior a la proyectada, y dijo que “nos hubiera gustado ejecutar una mayor cantidad de viviendas, pero el contexto es claro: sin fondos nacionales, los recursos provinciales no permiten replicar los planes habitacionales de gran escala que se desarrollaron en otros momentos”, explicó.
En relación con la asignación de las viviendas, el interventor indicó que el IPPV establece criterios específicos de priorización ante la imposibilidad de cubrir la totalidad de la demanda. “Si tenemos miles de familias inscriptas y la posibilidad de construir solo unas pocas centenas de viviendas por año, es necesario definir prioridades”, sostuvo.
Según precisó, la política del organismo apunta a atender en primer lugar a los sectores de mayor vulnerabilidad. “Se priorizan situaciones sociales más urgentes, como familias con hijos, hogares monoparentales o personas con discapacidad”, afirmó, y aclaró que se trata de una decisión vinculada exclusivamente a la disponibilidad de recursos.
Lavín también remarcó que el Estado provincial no puede asumir por sí solo la solución habitacional para toda la población.
Finalmente, señaló que, frente a estas restricciones, el IPPV busca fortalecer otras líneas de acción complementarias, como los programas de acceso al suelo urbano con servicios, que permiten ampliar el alcance de las políticas públicas habitacionales en un escenario de financiamiento acotado.