JUSTICIA
Rechazaron el pedido de Fernando Burlando para detener a la exjueza Julieta Makintach
La trama judicial en torno a la exjueza Julieta Makintach ha dado un nuevo giro. El abogado Fernando Burlando, quien representa uno de los intereses afectados en el caso, había solicitado la detención de Makintach. Argumentaba que existían conductas perturbadoras hacia los testigos y actos concretos de manipulación de relatos, elementos que, a su entender, justificaban una medida de privación de la libertad. Sin embargo, la Justicia ha decidido rechazar esta petición.
En el centro del asunto están las serias acusaciones que afectan a Makintach, cuya carrera como jueza fue puesta en entredicho antes de ser destituida. Se le imputa haber incurrido en cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y el delito de peculado de servicios. Estas imputaciones están vinculadas a un expediente judicial que aún se encuentra en pleno desarrollo.
Además, la solicitud de recusación presentada por la defensa de Makintach contra los fiscales Cecilia Chaieb, Carolina Asprella y José Ignacio Amallo, también fue desestimada por la Justicia, permitiendo que continúen con su rol en este complejo proceso judicial.
Desde su destitución, Makintach ha enfrentado el ojo crítico de la opinión pública y unas acusaciones que su defensa insiste en calificar de infundadas. En una jugada estratégica, pretendieron apartar a los fiscales encargados del caso, bajo el argumento de falta de objetividad y ocultamiento deliberado de pruebas, concretamente en lo que respecta a los testimonios de los testigos convocados durante la investigación. No obstante, este reclamo no encontró acogida en los tribunales.
Por otra parte, a pesar del rechazo a su detención, la exjueza deberá someterse a medidas cautelares. Deberá evitar cualquier tipo de contacto con los testigos involucrados en el proceso que se desarrolla. Estas restricciones abarcan desde llamadas telefónicas hasta mensajes a través de plataformas digitales y eventuales alusiones en redes sociales, con el fin de garantizar la mayor transparencia posible en el marco del avance judicial.
La resolución deja el camino abierto para una posible convocatoria a indagatoria de la exjueza, una instancia donde deberá dar respuesta a las múltiples acusaciones que pesan sobre ella.