Piden 3 años y 8 meses de prisión para Aníbal Fernández por Fútbol Para Todos
La trama de corrupción del programa "Fútbol para Todos" ha alcanzado un nuevo capítulo con el pedido de condena a destacados exfuncionarios argentinos. En un alegato final que resonó en la sala del Tribunal Oral Federal N°1, el fiscal Miguel Ángel Osorio exigió penas para los exjefes de gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, marcando un punto álgido en esta causa judicial.
Se busca condenar a Aníbal Fernández a 3 años de prisión, mientras que para Jorge Capitanich la pena solicitada es de 8 meses. Ambos enfrentan causas por irregularidades en la gestión del programa televisivo y la administración fraudulenta de fondos públicos destinados originalmente a fortalecer los clubes del país bajo la dirección de la Jefatura de Gabinete y la AFA.
El fiscal Osorio, junto a Andrea Garmendia Orueta, destacada figura de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, presentan un amplio panorama que abarca desde el desvío de recursos hasta la selección poco transparente de contratos de publicidad con la empresa IVECO, una de las piezas clave en este complejo esquema de corrupción.
Durante el prolongado juicio, se reveló cómo el programa concebido para potenciar el fútbol argentino se desvirtuó en manejos económicos que terminaron perjudicando a los clubes. Mientras los fondos tenían que fortalecer a las instituciones deportivas, se desviaron hacia fundaciones y empresas ajenas al deporte, todo bajo la aparente falta de control de los exfuncionarios involucrados.
Además del pedido de cárcel, los fiscales han exigido que Fernández y Capitanich se inhiban de ejercer cargos públicos, destacando la violación de los deberes de funcionarios. Paralelamente, figuras vinculadas como Norberto Monteleone y Carlos Pandolfi también afrontan solicitudes de condenas, acusados de ser partícipes necesarios en esta trama.
Mientras tanto, continuarán las deliberaciones, dejando en suspenso la espera por ver cómo concluirá este importante caso de corrupción en el país. Cabe señalar que también se solicitó la restitución al Estado de más de 450 millones de pesos, reflejando el vasto entramado de fondos involucrados en esta causa.