Megacausa Techo Digno: reformularon cargos a dos ex intendentes de Sierra Grande
La semana tuvo una importante audiencia en el Auditorio del Poder Judicial con sede en Viedma, en el marco de la megacausa Techo Digno. Se reformularon cargos a ex intendentes y ex funcionarios de Sierra Grande, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Todos los imputados asistieron mediante zoom, por lo que hubo demoras en el inicio en la sala. El pleito judicial arrancó con una denuncia de la funcionaria Mónica Marchisella en abril de 2017, quien fue instructora sumariante del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, cuando estaba bajo el tutelaje del macrista Rogelio Frigerio.
La presentación de la funcionaria se realizó ante el Juzgado Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en función de un informe de mayo de 2016, del Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda (IPPV), donde se constataron supuestas irregularidades en los avances de las obras en esta provincia.
La mecausa comprende a doce municipios: Bariloche, Cipolletti, San Antonio, Conesa, Cervantes, Godoy, Choele Choel, Río Colorado, Fernández Oro, Cinco Saltos, Campo Grande y Sierra Grande.
En esta oportunidad, el juez Juan Martín Brussino Kain presidió una audiencia donde se reformularon cargos al ex intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini (PJ) (representado por el abogado Fernando Mayor), al ex secretario de Gobierno Mauro Tamburrini (con el abogado César Vega), al ex secretario de Obras y Servicios Públicos Ernesto Noel (con el letrado Ángel Curzi), al ex jefe comunal Nelson Iribarren (Cambiemos), a la ex secretaria de Gobierno Claudia Albariño y al ex titular de Obras Miguel Mesa (representados por el abogado Mariano Gestoso).
La fiscal Yanina Estelarelató que hubo una licitación de 40 viviendas en la localidad atlántica el 11 de diciembre de 2014, donde se obligó a ejecutar la obra en el plazo de 12 meses. Entre el 23 de abril de 2015 y el 18 de noviembre del mismo año, la Municipalidad de Sierra Grande, a cargo de Renzo Tamburrini, recibió la suma de más de 16 millones 600 mil pesos, que debieron ser destinados exclusivamente a las obras.
Mauro Tamburrini, en su carácter de jefe de Gobierno, ordenó el pago de más de 12 millones 800 mil pesos a la empresa Construcciones Normalizadas Viedma S.A., equivalente a un avance de obra de un 71,03 por ciento, "falsamente certificado del monto total del contrato".
A su vez, la funcionaria judicial remarcó que "Renzo y Mauro Tamburrini suscribieron una resolución reconociendo y autorizando el pago a Construcciones Normalizadas" por el mencionado porcentaje. Pero una auditoria del ingeniero técnico y perito Eric Badén, con mediciones del IPPV, verificó que el avance real de la obra fue de un 42,21 por ciento.
La fiscal Estela expuso que "el intendente a sabiendas de que el estado de las viviendas no era aquel indicado, y a fin de generar una ventaja patrimonial a la empresa Construcciones Normalizadas, le pagó en exceso un 28,83 por ciento en relación a la mencionada licitación, aun contemplando las redeterminaciones de precios que no fueron solicitadas, esa diferencia se traduce a un 13,42 por ciento de más".
En este aspecto, también se indagará a fondo las responsabilidades del presidente de la empresa Construcciones Normalizadas, Guillermo Gazzia, quien próximamente deberá rendir cuentas a la Justicia.
En concreto, se mencionó que hubo un perjuicio al erario público de unos 5 millones de pesos que en números de hoy equivalen a más de 582 millones de pesos.
Por otro lado, en el caso de Iribarren, que asumió la jefatura comunal en 2015 se investigan otros dos pagos en concepto de obras de infraestructura informando falsamente avance de obra.
“Sin que se hubiesen recibido desembolsos de Nación correspondientes al acuerdo específico, el intendente junto a Albariño ordenó pagos a la empresa Construcciones Normalizadas”, equivalente a un avance de obra del 14,02% atribuidos al ítem “movimiento de suelos” y falsamente certificado por Mesa, por entonces secretario de Obras y Servicios Públicos municipal.
También en este hecho, el relevamiento realizado por referentes de IPPV no coincidía con las certificaciones de avance ni con los pagos efectivamente realizados. Según expuso la fiscal, el intendente sabiendo que el estado de obra no era real y a fin de beneficiar a la empresa, pagó indebidamente una suma superior a más de dos millones 8 mil pesos en febrero de 2016, que actualizados a marzo de 2025 equivalen a más de 212 millones de pesos.
Ambos intendentes, a su turno, firmaron resoluciones internas reconociendo y autorizando los pagos realizados.
La Fiscalía fue precisa en cuanto a la maniobra y a la participación que tuvo cada uno de los imputados y hubo una modificación técnica en la imputación por el nuevo aporte del ingeniero Eric Badén. Todas las partes comprendieron las acusaciones y el magistrado Brussino Kain dispuso la reformulación de todos los cargos.