Compró un auto, se lo secuestraron para rematarlo porque tenía deudas pero la culpa era de la concesionaria

Un hombre compró en una concesionaria de Viedma un Renault Megane a finales de 2018. Pagó entregando un vehículo de menor valor y dinero en efectivo. Cuando fue realizar los trámites para la transferencia, debía tres años de patente. Reclamó a la empresa vendedora. No tuvo una solución. Cuatro años después, le secuestraron el vehículo para rematarlo.

Todo comenzó cuando la familia decidió cambiar su antiguo Renault 19 por un modelo más nuevo, con más prestaciones. En la concesionaria le tomaban su usado, así que concretó la operación.

En la denuncia indicaron que si bien el vehículo fue entregado a la familia en el mismo momento que se efectuó el pago, el problema surgió al intentar realizar los trámites para efectuar la transferencia en el registro automotor.

Allí constataron que existía deuda de patentes por los períodos 2015, 2016 y 2017. Según expresaron, recién en ese momento se enteraron de la situación. De esta manera, no pudieron terminar el trámite, pero siguieron utilizando el auto ya que “les resultaba necesario”.

En mayo de 2022, sin embargo, le secuestraron el vehículo “con fines de subasta para pagar las deudas del titular registral”. Recién pudieron recuperarlo casi un año después. Iniciaron un trámite en Defensa del Consumidor. Allí la concesionaria ofreció pagar las deudas de patente, “no obstante dicha solución no fue efectivizada”.

Ya en el juicio civil, la empresa argumentó que el comprador nunca presentó el 08 del vehículo que entregó, porque “el auto estaba a nombre de otra persona”. Ello causó a la concesionaria “graves perjuicios” porque no se podía vender.  Por eso pidió que se tenga en cuenta una excepción que rige cuando el demandante no ha cumplido todas sus obligaciones contractuales.

El juez civil tuvo en cuenta la parte documental: boleto de compra y venta, denuncias ante el área de Defensa del Consumidor, informes del martillero público que iba a realizar el remate, del Registro Automotor, entre otros.

También declararon varios testigos. Entre otros, allegados al comprador que dieron cuenta el uso que le daba al vehículo. Dijeron que incluso tuvo que suspender unas vacaciones cuando se le secuestraron el auto, tras lo cual, el magistrado concluyó que “ha existido incumplimiento contractual por parte de la (concesionaria) demandada totalmente imputable” a su accionar, fijando un resarcimiento de 5,5 millones de pesos en concepto de privación de uso, daños moral y punitivo.