Dos choques fatales, dos conductas distintas: por qué Padilla Ibáñez está en la cárcel y Navarré cumple prisión domiciliaria

Los casos de Esther Liliana Padilla Ibáñez y Federico Navarré tienen puntos en común, pero también diferencias determinantes que explican por qué ella permanece alojada en el Penal 1 de Viedma y él deberá cumplir prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria y con tobillera electrónica.

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La diferencia no está únicamente en la cantidad de víctimas ni en la gravedad de los hechos. También se encuentra en la conducta que tuvo cada conductor después del choque y durante el desarrollo de las investigaciones. Esos elementos fueron considerados al momento de evaluar si existían riesgos de fuga o de entorpecimiento del proceso judicial.

Padilla Ibáñez: tres muertes y una fuga después del choque

El caso de Padilla Ibáñez ocurrió el 17 de marzo de 2024 sobre la Ruta Nacional 250, cuando conducía una Toyota Hilux e impactó contra una Renault Duster en la que viajaba la familia Andrade, oriunda de Viedma. Como consecuencia del choque murieron Martha Andrade, de 75 años; Juan Cruz, de 28; y Tomás, de 11. El único sobreviviente fue Fabián Andrade, quien conducía el vehículo.

La investigación determinó que Padilla Ibáñez manejaba alcoholizada (tenía 0,42 milígramos de alcohol por litro de sangre cuando le hicieron la extracción varias horas después, por lo que se calcula que en el momento del choque tenía entre 1,06 y 1,27 milígramos de alcohol por litro de sangre).

También, la mujer de origen mendocino iba con el celular en la mano (hay registros en videos de que iba hablando con su pareja mientras estaba al volante). Pero uno de los aspectos que tuvo especial relevancia judicial fue lo que hizo después del impacto: abandonó el lugar y se trasladó hasta General Conesa, a unos 100 kilómetros y no se acercó a auxiliar a las víctimas.

Según los elementos expuestos durante el proceso, al día siguiente Padilla Ibáñez volvió a desplazarse y cruzó el puente hacia Patagones, solicitando un monto de 16 millones de pesos que habría quedado en su camioneta. Finalmente, fue detenida cuando regresó a reclamar ese dinero.

La investigación también registró 35 llamadas telefónicas posteriores al accidente y maniobras que fueron interpretadas como intentos de ocultar su responsabilidad. Entre ellas, se mencionó la contratación de un seguro después del siniestro, pese a que no contaba con esa cobertura al momento del hecho.

Esos comportamientos fueron valorados como indicadores de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. La jueza Georgina Amaro Piccinini consideró acreditados ambos riesgos y dispuso que la prisión preventiva se cumpliera en un establecimiento penitenciario.

En marzo de 2025, Padilla Ibáñez fue condenada a cinco años y nueve meses de prisión efectiva y diez años de inhabilitación para conducir. Posteriormente, el Tribunal de Impugnación confirmó la sentencia y resolvió que continuara detenida en el Complejo Penal 1 de Viedma mientras avanzan las instancias de revisión.

La falta de arraigo en Viedma y su comportamiento inmediatamente posterior al choque también fueron considerados al evaluar la continuidad de la medida. En junio de 2026, la Justicia rechazó un pedido de prisión domiciliaria presentado por su defensa.

Navarré: un choque fatal, reconocimiento de responsabilidad y prisión domiciliaria

La situación de Federico Navarré tuvo características diferentes. El siniestro ocurrió durante la madrugada del 11 de agosto de 2024, sobre la Ruta Provincial 1, en el trayecto entre Viedma y El Cóndor.

Navarré conducía un Volkswagen Virtus cuando invadió el carril contrario e impactó de frente contra una Renault Duster en la que viajaban Luis Felicindo Alan, de 55 años, y su hija Victoria. Alan murió como consecuencia de las lesiones sufridas, mientras que la joven resultó herida.

La investigación determinó que el conductor tenía una concentración de alcohol en sangre estimada entre 2,02 y 2,17 milígramos por litro de sangre. También se tuvieron en cuenta antecedentes por infracciones de tránsito similares.

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A diferencia de Padilla Ibáñez, Navarré permaneció en el lugar del accidente, se sometió al test de alcoholemia y entregó su documentación. Durante el proceso se mantuvo a derecho y reconoció su responsabilidad en el hecho. La discusión judicial se concentró principalmente en la pena que debía recibir.

En mayo de 2026 fue condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva y siete años de inhabilitación para conducir. El Tribunal de Impugnación confirmó la sentencia en noviembre, por lo que la querella anunció que pediría su inmediata detención ante el riesgo de fuga.

La situación se definió ayer, cuando se realizó una audiencia para establecer medidas cautelares mientras permanecen abiertas las posibilidades de revisión ante el Superior Tribunal de Justicia y, eventualmente, la Corte Suprema. En ese encuentro, la defensa y la querella coincidieron en solicitar la prisión preventiva domiciliaria con monitoreo electrónico. El tribunal hizo lugar al pedido y dispuso que Navarré permanezca detenido en su domicilio durante 18 meses, con una tobillera electrónica.

La medida no modifica la condena de prisión efectiva, pero establece cómo deberá permanecer detenido mientras la sentencia todavía no está firme.

Por qué las decisiones son diferentes

La comparación entre ambos expedientes permite entender que la prisión preventiva no se determina automáticamente por la gravedad del delito o por la cantidad de víctimas. Es una medida cautelar que requiere analizar los riesgos procesales de cada caso y las circunstancias particulares de la persona imputada.

En el expediente de Padilla Ibáñez, el abandono del lugar del accidente, los desplazamientos posteriores y las conductas consideradas obstructivas fueron elementos centrales para sostener que existían riesgos concretos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

En el caso de Navarré, en cambio, se valoró que permaneció en el lugar, colaboró con las primeras diligencias y se sometió al proceso judicial. Sin embargo, la confirmación de una condena de cumplimiento efectivo modificó la evaluación del riesgo de fuga y llevó a disponer una medida de detención preventiva.

Así, aunque los dos casos tienen condenas por hechos viales graves, las respuestas judiciales no fueron iguales. La diferencia se explica por la evaluación individual de los riesgos procesales y por las circunstancias que atravesó cada investigación, no por una comparación directa de la cantidad de víctimas.

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