Milei derogó la Ley de Tierras: qué significa y cuáles son sus consecuencias
El presidente Javier Milei ha anunciado la firma de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que tiene como objetivo desregular la economía y derogar más de 300 leyes. Entre las normas que se pretenden eliminar se encuentra la Ley de Tierras, la cual limita la compra de terrenos naturales por parte de extranjeros, con el fin de proteger la soberanía nacional.
La Ley de Tierras, también conocida como Ley 26.737 de Tierras Rurales, fue presentada en el Congreso durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y se aprobó y promulgó en diciembre de 2011. Sin embargo, en 2016, el presidente Mauricio Macri realizó modificaciones a esta normativa, beneficiando a magnates internacionales.
La finalidad de la Ley de Tierras era proteger un recurso estratégico no renovable como es la tierra, a través de marcos regulatorios para aquellos extranjeros de gran poder económico. Se buscaba evitar situaciones en las que multimillonarios de nacionalidades foráneas adquirieran grandes extensiones de tierra en el país, como los casos del británico Joe Lewis y el italiano Luciano Benetton, mediante la creación de un registro oficial.
La derogación de esta legislación permitiría la comercialización irrestricta de los terrenos, sin limitaciones para los extranjeros.
La Ley de Tierras se promulgó el 28 de diciembre de 2011, obteniendo 153 votos afirmativos en la Cámara baja, 26 en contra y una abstención. Los sectores de alto poder económico han estado en contra de esta ley desde su implementación, ya que busca solucionar una problemática histórica en el país: la apropiación descontrolada de tierras de dominio nacional por parte de magnates internacionales.
Esta normativa estipula que los extranjeros no pueden poseer más del 15% de las tierras del país, de una provincia o de un municipio. Además, establece un límite de 1000 hectáreas por titular extranjero en la zona agrícola núcleo, la cual es conocida por su alta fertilidad y se encuentra ubicada en el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba, así como en sus equivalencias en el resto de las provincias.
También se establecen controles específicos para evitar la extranjerización de la tierra y proteger el registro dominial mediante la compraventa de acciones a través de testaferros.
En virtud de esta ley, se creó el Registro Nacional de Tierras Rurales, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, con el objetivo de brindar información sobre la posesión de terrenos.
Según la última actualización del Gobierno, Salta lidera el ranking de provincias con mayor cantidad de tierras en manos de extranjeros, seguida por Misiones, San Juan, Corrientes, Mendoza, Catamarca y Santa Cruz. Sin embargo, estos datos no son completos debido a la modificación realizada por el decreto de Macri en 2016, que eliminó las regulaciones de información al Registro Nacional.
El cambio realizado por el presidente Macri implicó la eliminación de la obligatoriedad de tramitar un nuevo certificado de habilitación en el caso de que una empresa realice una reorganización societaria. Esto permitió transferir acciones a extranjeros sin informar al Registro Nacional, lo que significa que la tierra pasa a manos extranjeras sin conocimiento ni aval del Estado, perdiendo así el control para hacer cumplir las limitaciones establecidas por la ley.
Además, se flexibilizó la prohibición de vender cuerpos de agua, ya que ya no es necesario que un profesional verifique la existencia de cuerpos de agua en un terreno para autenticarlo. Esto implica que si una provincia no contesta la consulta realizada desde el Ministerio de Justicia en un plazo de 10 días, se considera aprobada tácitamente la venta de un cuerpo de agua, contradiciendo así lo estipulado en la Ley de Tierras.
Esta medida, propuesta por el presidente Milei en su DNU, abre la posibilidad de una comercialización irrestricta de los terrenos y genera preocupación sobre la soberanía nacional y la concentración de la propiedad de la tierra en manos extranjeras.