Las leyes de Salud Mental en la provincia y la Nación, un tema que salió a luz en Viedma

Con la presencia de la secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental de la Nación, Graciela Iglesias, se llevó a cabo en el Centro Municipal de Cultura una disertación sobre “Sistema Penal, Salud Mental y Derechos Humanos”.

La apertura estuvo a cargo de la defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, y tras las palabras de las autoridades locales,  la funcionaria nacional disertó sobre la  revisión de la Ley nacional de Salud Mental adelantando que espera resolver en el plenario de los próximos días “la recomendación sobre personas declaradas inimputables que se encuentran en el sistema penitenciario y o sistema de Salud”. Si bien reconoció que “es una construcción compleja, hay que abordarla” porque “el derecho se construye todos los días”.

En este orden, recordó que “a partir de 2008 ratificamos una convención de los derechos de la persona con discapacidad que vino a dar un giro de 180 grados a conceptos, paradigmas y modelos de aquello que creíamos sabido”.

Río Negro, afirmó, “venía con una punta de lanza de ese nuevo paradigma, pero lo cierto es que mantenemos contradicciones (con la Nación) porque no hay una decisión final en relación a políticas públicas que se deben llevar adelante”.

A partir de la convención de los derechos de personas con discapacidad “lo primero que se establece es igual reconocimiento de la persona ante la ley, de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual. Esto implica a cualquier persona que está dentro del sistema de salud mental”.

Ante esta situación, consideró que es necesaria “una recomendación nacional que por lo menos clarifique con los procesos de cada provincia”, por lo tanto, “es necesario cambiar prácticas, hacer ajustes legislativos y sobre todo cambios de conciencia, de comprensión respecto a la problemática”.

Según señaló, “lo que pasó en 2008 compromete al Estado al cumplimiento, al reconocimiento y el derecho al disfrute de las personas con una condición de discapacidad que puede estar dentro de un conflicto con la ley penal”.

En su opinión “hay que hacer ajustes, cambiar las leyes, salir del modelo de sustitución para entrar al modelo social. Ese modelo no mira exclusivamente el diagnóstico, la peligrosidad de alguien, entonces cómo hacemos si tenemos un ámbito y fuero penal que solo mide peligrosidad“.

En este orden, agregó: “cómo se mitiga esta esencia de una política criminal que juzga a las personas por la mayor o menor peligrosidad y eso hace que el Estado pueda determinar respecto de su libertad, pero reconoció al mismo tiempo una convención que dice que una persona no es un diagnóstico. Una persona con un diagnóstico tiene el derecho a vivir en la comunidad y  solo puede tener una restricción de su libertad en un mismo pie de igualdad que las demás personas, pero no por motivo de discapacidad”.

En la experiencia funcional, “la mayor parte de las personas que se encuentran en situación de inimputabilidad o dentro del servicio penal son personas con discapacidad, psicosocial o intelectual”.

Entonces, Iglesias preguntó: “llegamos al punto de que se cumple con la responsabilidad internacional que el Estado tiene?” y cuál es el modelo de atención?". "Hay que patear el tablero”, concluyó.