El violento robo que reabrió el debate de la Imputabilidad de menores
En los medios de comunicación, en los bares y en las redes sociales se encendió el debate sobre bajar la edad de imputabilidad.
En la Argentina, según el Régimen Penal de Minoridad promulgado en 1980 durante la dictadura militar, los adolescentes menores de 16 años no son punibles, es decir, no pueden ser juzgados e ir presos a una cárcel.
Sin embargo, “la ley tiene una trampa: dice que si el menor de 16 años es pobre o presenta problemas de conducta, el juez puede decidir internarlo en un instituto penal el tiempo indispensable que crea necesario”, explicó a la ex asesora general de menores de la Ciudad, Laura Musa. Esto genera, en la práctica, que varios menores de 16 años se encuentren privados de su libertad sin que hayan tenido un juicio previo.
En el caso de los adolescentes de 16 a 18 años, son plenamente punibles ante la ley aquellos que cometan delitos con penas mayores a dos años pero recién a los 18 pueden empezar a cumplir su pena en una cárcel. Hasta ese momento, estos menores pueden estar privados de su libertad en institutos especializados o centros cerrados.
Los graves episodios delictivos protagonizados por menores de edad que conmocionaron a Viedma, son, en parte, consecuencia de la inexistencia de una política social y educativa enfocada a la supresión del fenómeno de la marginalidad y obligan al replanteo de las normas legales que garanticen la seguridad ciudadana.
Existen dos visiones bien antagónicas: quienes están a favor de bajar la imputabilidad a partir de los 14 años porque la comprensión de culpabilidad se produce, en general, a partir de esa edad; y quienes creen que hay que aplicar políticas de prevención y no solo punitivas.
Desde UNICEF consideran que "la privación de la libertad tiene que ser una medida de último recurso y por el menor tiempo posible" y que "la utilización de la privación de libertad como medida habitual no ha servido para reducir los índices de delincuencia ni para prevenir la reincidencia".
"Los estándares internacionales para la justicia juvenil unánimemente consagran como objetivo principal la resocialización de los jóvenes y la no profundización de sus condiciones de vulnerabilidad", advierten.